Corte Suprema de EU invalida prohibición de terapias de conversión
31/03/2026 - Hace 2 meses en InternacionalCorte Suprema de EU invalida prohibición de terapias de conversión
La Corte Suprema de Estados Unidos determinó que los estados no pueden prohibir las llamadas “terapias de conversión” en menores, al considerar que este tipo de restricciones vulnera la libertad de expresión, en un fallo que reabre el debate sobre los derechos de la comunidad LGBTIQ+.
La decisión, adoptada por una mayoría de 8 votos contra 1, invalidó una ley que desde 2019 prohibía estas prácticas en menores de edad.
Argumento central del fallo
El tribunal dio la razón a una consejera psicológica que impugnó la legislación al considerar que limitaba su capacidad de expresar opiniones y brindar orientación acorde con sus creencias.
Los magistrados concluyeron que la normativa no solo regulaba prácticas profesionales, sino que también restringía el derecho a la libre expresión, lo que la hace incompatible con la Constitución estadounidense.
La legislación buscaba prohibir las llamadas terapias de conversión, prácticas orientadas a modificar la orientación sexual o identidad de género de personas LGBTIQ+, particularmente en menores.
Hasta ahora, más de 20 estados en Estados Unidos habían adoptado medidas similares para restringir o prohibir estas intervenciones.
Críticas y postura internacional
Diversos organismos internacionales, incluida la Organización de las Naciones Unidas, han calificado estas terapias como prácticas dañinas e incluso formas de tortura, debido a sus efectos psicológicos y emocionales en quienes son sometidos a ellas.
La resolución del Supremo podría generar preocupación entre defensores de derechos humanos, al considerar que debilita las protecciones para menores LGBTIQ+.
Implicaciones del fallo
El dictamen no avala directamente las terapias de conversión, pero sí limita la capacidad de los estados para prohibirlas, al priorizar el principio de libertad de expresión.
Analistas anticipan que la decisión tendrá impacto en otras legislaciones estatales y podría derivar en nuevos litigios sobre el alcance de los derechos individuales y la regulación profesional.
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