La Corte Suprema de Perú ha causado alarma al establecer un nuevo criterio que reduce las penas a agresores sexuales en casos donde la víctima concibe un hijo producto de la violación y el condenado demuestra ser el único responsable de su manutención. Este polémico lineamiento, revelado a través del Acuerdo Plenario 01-2023/CIJ-112 del 28 de noviembre de 2023, permite una disminución de hasta un cuarto de la sentencia inicial.

Bajo este nuevo criterio, la justicia podría reducir significativamente las penas de agresores sexuales que prueben su contribución económica al menor nacido como resultado del crimen. Por ejemplo, una condena de 20 años podría reducirse a 15 años, generando preocupación entre defensores de los derechos de las mujeres.

Apoyo y discrepancias en la Corte Suprema

Todos los jueces, excepto Elvia Barrios Alvarado, expresidenta del Poder Judicial, respaldaron este cambio de criterio. Las razones de Barrios, la única que discrepó, no fueron incluidas en la resolución final, según informa el portal web La Ley.

La aplicación de este criterio está restringida a casos donde se haya estructurado una familia entre el agresor y el menor nacido a consecuencia del delito. Para acceder a la reducción de pena, el condenado debe cumplir con condiciones estrictas, incluyendo demostrar que el infante no cuenta con otro tutor o progenitor responsable de su bienestar.

Controversia en la interpretación

La controversia se centra en el requisito de que el agresor viva con la víctima para obtener el beneficio de la reducción de pena. Esto ha generado críticas y preocupaciones sobre la posible impunidad que podría resultar de esta interpretación.

La decisión de la Corte Suprema ha provocado indignación en diversas instituciones en defensa de los derechos de las mujeres, niños y adolescentes, así como críticas de exministras y ciudadanos peruanos. Las redes sociales han sido un espacio para expresar la condena a esta normativa.

Respuestas políticas  y llamados a la rectificación

Políticos y legisladores también han expresado su repudio hacia esta nueva normativa. La congresista Flor Pablo repudió la decisión, llamándola ‘perversa y vergonzosa’, y la exministra de la Mujer, Ana Jara, instó al Poder Judicial a corregir este ‘escándalo’ que atenta contra las mujeres y niñas peruanas.

Diversas voces en la sociedad civil han instado al Poder Judicial a rectificar esta decisión, considerándola una abominación que favorece a los violadores sexuales. La urgencia de corregir este supuesto atentado contra la justicia y la dignidad de las víctimas es un llamado unánime en la sociedad peruana.

Finalmente, la polémica decisión de la Corte Suprema peruana ha desencadenado una ola de indignación y críticas, generando un debate crucial sobre cómo se abordan los delitos sexuales y la protección de los derechos de las mujeres en el país.

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