La Corte Penal Internacional (CPI) emitió órdenes de arresto contra dos altos dirigentes talibanes en Afganistán, acusándolos de perpetrar crímenes de lesa humanidad por la sistemática persecución de mujeres y niñas desde el regreso del grupo al poder en agosto de 2021.

Según los jueces de la CPI, existen "motivos fundados" para considerar que el líder supremo de los talibanes, Haibatullah Akhundzada, y el presidente de la Corte Suprema afgana, Abdul Hakim Haqqani, participaron en actos de persecución por motivos de género. La corte sostiene que ambos responsables impusieron políticas que privaron de forma grave y deliberada a mujeres y niñas de sus derechos fundamentales.

CPI a favor de órdenes de arresto

El tribunal señala que los hechos investigados se habrían cometido desde el 15 de agosto de 2021 —fecha en que los talibanes retomaron el control de Kabul— hasta al menos el 20 de enero de 2025. Durante ese período, la CPI sostiene que se impusieron restricciones especialmente dirigidas a las mujeres, afectando su derecho a la educación, libertad de movimiento, privacidad, vida familiar, así como su libertad de expresión, pensamiento, conciencia y religión.

Además, la corte menciona que también se habría perseguido a otras personas cuya sexualidad o identidad de género fue considerada incompatible con las normas impuestas por el régimen talibán.

La CPI, que tiene jurisdicción sobre crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio, no cuenta con una fuerza policial propia y depende de la cooperación de los 125 países que forman parte del tribunal para ejecutar las órdenes de arresto. En consecuencia, las personas señaladas podrían ser detenidas si ingresan a uno de estos Estados miembros.

Talibanes rechazan órdenes de arresto de la CPI

En reacción a la decisión del tribunal, el gobierno talibán emitió un comunicado rechazando las acusaciones. El portavoz oficial del régimen, Zabihullah Mujahid, calificó las órdenes de arresto como "infundadas e ineficaces", y negó que la CPI tenga autoridad o jurisdicción sobre Afganistán.

“El Emirato Islámico de Afganistán no reconoce ninguna institución que se presente como Tribunal Internacional ni acepta ninguna obligación derivada de esta corte”, declaró Mujahid. El régimen sostiene que las medidas judiciales son motivadas políticamente y no reflejan la realidad del país bajo su administración.

A pesar de este rechazo, la CPI mantiene que los crímenes imputados constituyen una violación grave del derecho internacional y reitera que continuará sus esfuerzos por hacer rendir cuentas a los responsables.

Este episodio se suma al debate internacional sobre la eficacia y alcance de la justicia internacional en contextos donde los Estados implicados no reconocen su competencia.

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