Cuba atraviesa una severa crisis energética tras acumular cerca de tres meses sin suministro regular de combustible, un escenario que ha comenzado a impactar de forma generalizada en su economía y en la vida cotidiana de la población.

El Gobierno cubano atribuye esta situación a las restricciones impuestas por Estados Unidos, mientras que especialistas advierten que el problema también se relaciona con limitaciones estructurales del sistema energético nacional.

El efecto es visible en distintos sectores: desde pequeños negocios, como panaderías y restaurantes, hasta industrias y turismo. En La Habana, la movilidad ha disminuido notablemente y algunos establecimientos han cerrado ante la falta de clientes y transporte.

A nivel macroeconómico, el centro de análisis Economist Intelligence Unit proyecta una contracción superior al 7 % del PIB en 2026, que se suma a una caída acumulada de más del 15 % entre 2020 y 2025, reflejando un deterioro prolongado.

Uno de los puntos más críticos es el sistema eléctrico. De acuerdo con el economista Omar Everleny, la falta de combustible ha debilitado aún más un sistema ya afectado por años de baja inversión. Esto ha provocado apagones constantes, que en la capital alcanzan hasta 15 horas diarias, mientras que en otras regiones se extienden por varios días consecutivos.

El presidente Miguel Díaz-Canel afirmó recientemente que desde enero no ha ingresado combustible al país, lo que ha paralizado gran parte de la generación eléctrica basada en motores diésel y fueloil, reduciendo significativamente la capacidad energética disponible.

Aunque en semanas recientes han comenzado a llegar volúmenes limitados de combustible —alrededor de 30 mil barriles—, expertos consideran que esta cantidad es insuficiente frente a una demanda diaria estimada en 100 mil barriles, lo que limita cualquier alivio inmediato.

La escasez también ha impactado el transporte y la distribución de mercancías. Contenedores se acumulan en los puertos por falta de combustible para su traslado, mientras que el precio del combustible en el mercado informal se ha disparado, alcanzando niveles cercanos al salario mensual promedio.

Además, la crisis está generando efectos sociales, como la salida de trabajadores calificados que no pueden costear o acceder al transporte para llegar a sus empleos, lo que añade presión al ya debilitado aparato productivo.

En este contexto, especialistas advierten que, aunque la capacidad de resistencia de la población ha sido alta, la prolongación de la crisis podría llevar al límite la sostenibilidad económica y social del país.

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