El presidente de la República, Daniel Noboa, ha tomado una decisión que ha generado controversia en el país: el veto parcial al proyecto de Ley de Armas, Municiones, Explosivos y Materiales Relacionados aprobado por la Asamblea Nacional.

Este proyecto, que busca regular la tenencia y utilización de armas de fuego en Ecuador, ha sido objeto de debate desde su aprobación el pasado 13 de agosto.

Desde el Ejecutivo, se argumenta que el veto tiene como objetivo mejorar diversos aspectos de la Ley, especialmente en lo que respecta a la implementación de un sistema de trazabilidad para garantizar el control total del ciclo de fabricación y producción de armas, municiones y explosivos.

Además, se busca perfeccionar las disposiciones relacionadas con el uso de armas por parte de entidades como el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, así como clarificar ciertas regulaciones para asegurar la efectividad de la Ley Orgánica para la aplicación de la Consulta Popular.

Uno de los puntos más polémicos del veto es el establecimiento de requisitos más estrictos para la obtención de permisos de tenencia y porte de armas por parte de la ciudadanía. Entre ellos, se destaca la prohibición de portar armas en centros educativos y la exigencia de certificaciones psicológicas y análisis toxicológicos avalados por el Ministerio de Salud.

Asimismo, se enfatiza la necesidad de demostrar destreza en el uso y manejo de armas a través del Ministerio de Defensa y no contar con antecedentes de violencia de género o contra miembros de núcleo familiar.

El veto parcial de Daniel Noboa ha provocado reacciones encontradas en la sociedad ecuatoriana. Mientras que algunos sectores lo ven como una medida necesaria para fortalecer la seguridad en el país, otros lo perciben como una limitación excesiva a los derechos individuales.

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