El caso del magnicidio de Fernando Villavicencio dio un nuevo giro durante la audiencia de formulación de cargos realizada en Ecuador. La fiscal Ana Hidalgo presentó como evidencia la declaración de uno de los sicarios involucrados, quien antes de ser asesinado habló con un agente del FBI.

Según la Fiscalía, este sicario afirmó que “el trabajo fue para el señor de arriba”, especificando ante el oficial estadounidense que se refería a Rafael Correa. El testimonio no pudo ser parte del juicio original, ya que el sicario fue ejecutado en la Penitenciaría del Litoral en octubre de 2023.

El asesinato de Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023 en Quito mientras era candidato presidencial, sigue siendo un caso de gran impacto nacional e internacional. Hasta el momento, 11 personas han sido señaladas como participantes directos, cinco condenadas y seis asesinadas dentro de procesos de investigación.

Testimonios apuntan a una red política y criminal

La fiscal Hidalgo también mencionó el testimonio de un testigo protegido, quien aseguró que el asesinato “valía 200.000 dólares y lo hizo el Gobierno de Correa”. A esto se sumó la declaración de Daniel Salcedo, quien aseguró haber rastreado a Villavicencio por encargo del narcotraficante Leandro Norero y Xavier Jordán.

Salcedo señaló que José Serrano, exministro de Correa, y Ronny Aleaga, exdiputado protegido por Venezuela, formaban parte de la estructura detrás del magnicidio. Según su relato, Serrano era “el brazo armado de Rafael Correa” y Aleaga servía como enlace con la Revolución Ciudadana, movimiento político correísta.

Durante la audiencia, la jueza María Daniela Ayala pidió evitar conjeturas y calificó como grave el uso de términos que prejuzgaran a los procesados sin pruebas suficientes. Ordenó prisión preventiva para Aleaga y Salcedo, mientras Jordán y Serrano deberán presentarse periódicamente en el Consulado de Miami.

Familia de Villavicencio exige justicia

La revelación que menciona directamente a Rafael Correa eleva la tensión política en un proceso ya marcado por acusaciones cruzadas y disputas judiciales. Correa, que reside en Bélgica desde 2017, niega cualquier vínculo con el crimen y acusa a la justicia ecuatoriana de persecución política sistemática.

Las hijas de Villavicencio ingresaron al sistema de protección de testigos tras recibir amenazas e interpusieron una denuncia por intimidación contra Xavier Jordán. La familia insiste en que el asesinato fue un crimen político cuyo objetivo era silenciar la lucha de Villavicencio contra la corrupción y el crimen organizado.

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