La sucesora política de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, ordenó la eliminación de siete organismos clave del chavismo en Venezuela mediante un decreto oficial. La medida quedó establecida en el Decreto 5.248, que instruye la supresión y liquidación de entes adscritos al Ministerio del Poder para Despacho Presidencial.

Entre las entidades suprimidas destaca el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria, creado en 2013, para centralizar inteligencia y defensa estatal. También desaparece la Fundación Propatria 2000, señalada por denuncias de corrupción vinculadas a obras inconclusas, sobreprecios y presuntos desvíos millonarios durante proyectos emblemáticos.

La decisión alcanza a la Fundación Misión Jóvenes de la Patria Robert Serra, orientada a programas juveniles de formación, producción y emprendimiento comunitario. Igualmente queda liquidada la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales, cuestionada por adjudicaciones directas en desarrollos urbanísticos simbólicos y obras inconclusas costosas.

Reorganización interna

El decreto establece que el proceso será inmediato y supervisado por una junta responsable del cierre administrativo, revisión de bienes y adecuación institucional correspondiente. Parte de las funciones serán transferidas a ministerios como Interior, Justicia y Paz, Comunicación e Información, además de Educación y Educación Universitaria.

El texto oficial asegura que la reorganización “resulta obligatoria para adecuar la gestión pública a los objetivos actuales”, manteniendo vigentes varios programas sociales. Analistas consideran que la medida concentra poder en menos despachos y redefine equilibrios internos dentro del Ejecutivo encabezado por Delcy Rodríguez actualmente en funciones.

Organizaciones civiles han advertido que la liquidación exige transparencia en inventarios patrimoniales y seguimiento a posibles responsabilidades administrativas derivadas de gestiones anteriores cuestionadas públicamente.

Mientras tanto, trabajadores y beneficiarios esperan claridad sobre continuidad laboral y financiamiento de proyectos comunitarios que dependían directamente del despacho presidencial ahora reestructurado formalmente.

Con entrada en vigor inmediata, la decisión marca un nuevo capítulo en la arquitectura institucional venezolana y redefine prioridades estratégicas del Estado chavista.

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