La política migratoria de «revisión completa» de la administración Trump ha llegado a los tribunales. Un grupo de organizaciones de derechos civiles presentó este lunes una demanda en un tribunal federal de Manhattan contra el Departamento de Estado, exigiendo el bloqueo inmediato de la suspensión del procesamiento de visados para nacionales de 75 países.

Los demandantes, encabezados por el Centro Nacional de Leyes de Migración, sostienen que la medida —vigente desde el 21 de enero— se basa en una premisa «demostrablemente falsa»: que los migrantes viajan a EE. UU. para beneficiarse indebidamente de ayudas sociales. Según el recurso legal, esta política:

Socava la legislación: Contradice décadas de leyes migratorias consolidadas.

Afecta a profesionales: El caso de un endocrinólogo colombiano con visa laboral aprobada, pero bloqueada, destaca el impacto en el sector salud.

Separa familias: Ciudadanos estadounidenses denuncian estar divididos de sus seres queridos por el origen de su nacionalidad.

La pausa, que el Departamento de Estado justifica por un «alto riesgo de carga pública», afecta a naciones de diversas regiones:

Latinoamérica: Brasil, Colombia y Uruguay.

Asia y África: Pakistán, Bangladesh y naciones del Medio Oriente.

Europa: Albania y Bosnia.

¿Qué pasa con el turismo y los eventos? Afortunadamente, la política no afecta a las visas de visitante. Esto permite que el flujo de turistas para el Mundial de Fútbol de 2026 y los preparativos para los Juegos Olímpicos de 2028 no se vea interrumpido, una distinción clave que el Gobierno ha mantenido para proteger los ingresos por eventos masivos.

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