Una carta enviada recientemente al director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Todd Lyons, y respaldada por la Unión Americana para las Libertades Civiles (ACLU) y diversas organizaciones de derechos humanos, ha puesto en evidencia las condiciones alarmantes que enfrentan las mujeres embarazadas recluidas en centros de detención de ICE.

Según reportes publicados por el diario El País, a pesar de las directrices oficiales que instan a evitar la detención de mujeres gestantes, agentes de ICE continúan arrestando a estas mujeres para incrementar la cifra de detenidos, en medio de una campaña que busca alcanzar la mayor cantidad de deportaciones en la historia reciente.

La ACLU ha documentado múltiples casos que evidencian un patrón sistemático de negligencia médica y malos tratos hacia las mujeres embarazadas en estos centros. Entre las denuncias se incluyen esposarlas e inmovilizarlas durante traslados, mantenerlas en aislamiento, atención prenatal tardía y deficiente, negación de vitaminas prenatales, alimentación inadecuada, falta de servicios de traducción durante consultas médicas y la administración de tratamientos sin consentimiento.

Una consecuencia grave de estas condiciones ha sido la aparición de infecciones peligrosas tras abortos espontáneos no atendidos adecuadamente. Varias mujeres relatan haber sido trasladadas de emergencia a hospitales mientras sufrían sangrados vaginales, permaneciendo esposadas de pies y manos durante el traslado.

El caso de «Ana» (nombre ficticio), una mujer embarazada de seis meses detenida en el centro de Basile, Luisiana, ilustra esta problemática. Durante su primer mes en detención, Ana no recibió las vitaminas prenatales necesarias y solo fue tratada con analgésicos para aliviar náuseas, vómitos y dolores corporales. Además, manifestó dificultades para mantener los alimentos proporcionados, lo que agrava su estado de salud.

Este contexto se enmarca en un cambio de políticas que comenzaron con la Administración Trump, que revocó las directrices de 2021 diseñadas para evitar la detención de mujeres embarazadas y lactantes. Aunque la Administración Biden reintrodujo restricciones para la detención de este grupo, permitiéndola solo en “circunstancias excepcionales” como riesgos a la seguridad nacional o daño inmediato, la realidad indica que el ICE continúa arrestando a mujeres gestantes, quienes requieren cuidados médicos especiales que los centros no están equipados para proporcionar.

Organizaciones defensoras de derechos humanos hacen un llamado urgente para que se revisen y apliquen protocolos que garanticen la salud y seguridad de las mujeres embarazadas bajo custodia del ICE.

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