El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, fue denunciado por la República Argentina ante un tribunal argentino por su presunta responsabilidad en más de 6 mil ejecuciones y desapariciones forzadas de civiles ocurridas entre 2002 y 2008, durante su mandato. El caso, conocido como «falsos positivos», ha generado gran indignación y ha llevado a familiares de las víctimas y organizaciones de derechos humanos a presentar esta denuncia.

El juez federal de Buenos Aires, Sebastián Ramos, recibió la denuncia y se encuentra analizándola para decidir si se abre una investigación penal. Cabe resaltar que Argentina reconoce el principio de «jurisdicción universal», el cual establece la competencia judicial de los Estados en casos de lesa humanidad, sin importar el lugar de los crímenes ni la nacionalidad de los acusados.

El juez en turno podría resolver el caso

Esta no es la primera vez que el juez Ramos se enfrenta a un caso de esta naturaleza. En julio pasado, abrió una investigación por una denuncia de delitos de lesa humanidad contra jefes de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, relacionada con las muertes ocurridas durante la represión de las manifestaciones opositoras de 2014.

Entre los querellantes contra Uribe se encuentran familiares de cuatro de las 6 mil 112 víctimas que las fuerzas militares registraron hasta 2008 bajo el argumento de «bajas en combate». Estas acusaciones han sido respaldadas por importantes organizaciones colombianas, como el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, el Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo, y la Corporación Jurídica Libertad.

Esperan encontrar justicia en Argentina

La abogada colombiana, Daniela Rodríguez Sanabria, expresó que decidieron presentar la denuncia en Argentina debido a que el país aplica el principio de jurisdicción universal y también porque comparten un pasado de atrocidades, por lo que confiaron en que podría haber mayor sensibilidad ante esta búsqueda de justicia. Rodríguez Sanabria afirmó que las pruebas presentadas demuestran el conocimiento de los hechos por parte del expresidente Uribe.

Es importante destacar que los hechos ya se encuentran registrados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el mecanismo creado por los acuerdos de paz de 2016 entre el Estado colombiano y la guerrilla FARC, aunque esta entidad no tiene competencia para juzgar a presidentes y expresidentes.

La denuncia ha generado expectativas entre los familiares de las víctimas, quienes confían en que la justicia argentina responderá de manera seria, ágil e imparcial, a diferencia de lo que han experimentado en Colombia.