Legisladores federales y estatales de Florida denunciaron este sábado que al menos 750 migrantes se encuentran recluidos en jaulas dentro del nuevo centro de detención migratoria apodado “Alligator Alcatraz”, instalado en un antiguo aeropuerto rodeado de pantanos, caimanes y serpientes en los Everglades, al oeste de Miami.

Durante una visita oficial al sitio, los congresistas calificaron el centro como un “campo de internamiento”, y lo señalaron como un “costoso truco político” de la administración de Donald Trump y del gobierno estatal de Ron DeSantis, que ha sido duramente criticado por grupos humanitarios y religiosos.

“750 humanos en jaulas. No nos permitieron hablar con los detenidos. Hay inmigrantes sin antecedentes criminales”, denunció el senador estatal Carlos Guillermo Smith, tras la inspección del lugar.

Acusan condiciones inhumanas

Según los testimonios recogidos por los legisladores, algunos espacios albergan hasta 32 personas por celda, con literas escasas y baños compartidos donde los migrantes beben y se asean con la misma agua que se usa para defecar.

La congresista federal Debbie Wasserman Schultz advirtió que la situación es alarmante:

“Están usando jaulas. Están esencialmente hacinados. Las imágenes no le hacen justicia a lo que ocurre ahí adentro”.

Centro criticado por su ubicación y costo

El centro fue abierto la semana pasada y tiene una capacidad proyectada para albergar hasta 5,000 migrantes. El legislador Darren Soto criticó el gasto de casi 500 millones de dólares invertido en su construcción, señalando además que se ubica en una zona vulnerable a inundaciones durante la temporada de huracanes.

“Este lugar pone en peligro tanto a los detenidos como a los propios agentes. No hay justificación humanitaria ni operativa para lo que vimos hoy”, sostuvo Soto.

Los congresistas también denunciaron que la prensa ha sido excluida del centro, y que los migrantes han reportado condiciones “infrahumanas”, incluyendo calor extremo, escasez de agua potable y alimentos en mal estado.

Reacciones y llamados al monitoreo

La Arquidiócesis de Miami se sumó a las críticas y calificó el centro como un proyecto “corrosivo” e “inapropiado”. Por su parte, los legisladores exigieron monitoreo permanente, acceso irrestricto a organismos independientes y la revisión del estatus legal de los migrantes recluidos, en su mayoría latinoamericanos sin antecedentes penales.

A pesar de las denuncias, el centro continúa operativo bajo la supervisión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en coordinación con la Guardia Nacional de Florida.