El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha levantado una seria preocupación internacional al denunciar el hallazgo de varios cuerpos sin vida y mutilados que han sido arrastrados por la marea hasta las playas de La Guajira, departamento fronterizo con Venezuela. El mandatario ha ordenado a Medicina Legal iniciar una investigación urgente para establecer las identidades de los fallecidos y determinar si corresponden a víctimas de recientes ataques militares en el mar Caribe.

En una publicación en su cuenta de X, el presidente Petro compartió testimonios de pobladores locales que reportan haber escuchado «bombardeos y explosiones en el Caribe» en las cercanías de la costa. Siguiendo estos relatos, se plantea la grave hipótesis de que estos cuerpos «serían producto de esos bombardeos» y podrían tratarse de «ciudadanos colombianos, que fueron asesinados sin el debido proceso, una ejecución extrajudicial por el bombardeo norteamericano».

Petición de Investigación Forense y Coordinación Binacional

Ante la escalofriante situación, el jefe de Estado colombiano fue enfático en solicitar a Medicina Legal «establecer identidades» y, crucialmente, «coordinar con la Fiscalía de Venezuela» para avanzar en la investigación, sugiriendo la posibilidad de que los fallecidos pudieran ser víctimas de acciones en aguas internacionales o cercanas a la frontera marítima.

Pobladores de la región confirmaron a medios locales la aparición de al menos tres cadáveres en la costa. Además de escuchar las explosiones, manifestaron haber avistado barcos del Comando Sur estadounidense semanas atrás, reforzando la vinculación de estos hechos con las operaciones militares que se desarrollan en el Caribe.

Operación Lanza del Sur

La denuncia del presidente Petro cobra particular relevancia en el contexto de la Operación Lanza del Sur, una campaña militar lanzada por la Administración Trump, presentada oficialmente como una campaña contra el narcotráfico. Esta operación, vista también como una demostración de fuerza militar, ha coincidido con una retórica hostil contra Venezuela e involucra un despliegue significativo de activos, incluyendo una docena de barcos (como el portaaviones USS Gerald Ford), decenas de aviones y miles de soldados.

Según cifras reconocidas por el Pentágono, desde inicios de septiembre hasta el pasado 4 de diciembre, los ataques militares estadounidenses en aguas del Caribe y el Pacífico oriental se han dirigido contra 22 embarcaciones, resultando en la muerte de al menos 87 personas. Estados Unidos alega que las víctimas eran narcotraficantes, una afirmación que ha generado un creciente escrutinio en el Congreso sobre la legalidad y justificación de estas acciones al no presentar evidencias concluyentes.