A escasos días de las elecciones legislativas del 8 de marzo, el panorama democrático de Colombia enfrenta su mayor desafío de seguridad en la última década. Este jueves, las autoridades confirmaron la liberación de la candidata indígena Anita Guetío, quien había sido retenida presuntamente por grupos armados en el departamento del Cauca. Sin embargo, la incertidumbre persiste sobre el paradero del candidato derechista al Senado, Andrés Vásquez, desaparecido desde la mañana del miércoles en el norte del país.

Vásquez fue visto por última vez al salir de la residencia de su padre en el municipio de Pelaya, Cesar. Su vehículo fue localizado abandonado poco después, sin que hasta el momento se tenga información sobre su condición física o sus captores. En contraste, Anita Guetío, aspirante a la Cámara baja, apareció «sana y salva» tras perder contacto mientras se desplazaba por una carretera del suroeste colombiano, zona de alta influencia de grupos guerrilleros y estructuras criminales que han intensificado sus acciones tras la firma del acuerdo de paz de 2016.

El Procurador General, Gregorio Eljach, manifestó su profunda preocupación por estos incidentes, señalando que este tipo de hechos «no deberían suceder» en un estado de derecho. La situación de violencia no solo amenaza la transparencia de los comicios legislativos, sino que proyecta una sombra sobre las elecciones presidenciales del 31 de mayo, donde se definirá al sucesor de Gustavo Petro. La comunidad internacional y diversos organismos de derechos humanos han instado al Gobierno Nacional a fortalecer las garantías de seguridad para todos los aspirantes, sin importar su filiación ideológica, en un país donde los actores armados ilegales continúan desafiando la estabilidad institucional.

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