En la noche del lunes, sujetos con los rostros cubiertos llevaron a cabo actos de vandalismo, saqueos y daños a negocios en las cercanías de la Plaza de la Constitución, ubicada en el centro histórico de Ciudad de Guatemala.

La Policía Nacional Civil del país respondió a los disturbios lanzando gas lacrimógeno para controlar la situación, resultando en varias personas intoxicadas que requirieron atención por parte de los Bomberos Voluntarios.

Las autoridades también informaron sobre la detención de seis adultos y la remisión de tres menores que se habían infiltrado en la protesta.

La manifestación tenía como objetivo exigir la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), Rafael Curruchiche, y otros funcionarios.

Durante los disturbios, tres miembros de la Policía resultaron heridos.

Además, se reportaron incidentes violentos en Chimaltenango, a 51 kilómetros de la capital, donde individuos armados obligaron el cierre de la planta que suministra agua potable a Ciudad de Guatemala.

La Policía recuperó el control de las instalaciones en dicho lugar.

La organización indígena 48 Cantones condenó los actos de violencia y se desvinculó de los grupos a los que atribuye estos incidentes, señalando que durante los primeros ocho días, las protestas se habían llevado a cabo de manera pacífica y ordenada.

Disturbios y arrestos en ciudad de Guatemala durante protestas

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, afirmó que su Gobierno tiene información que los organizadores de las protestas han recibido apoyo financiero del extranjero a través de organizaciones locales.

Sin embargo, hasta el momento, ninguna organización no gubernamental guatemalteca se ha pronunciado sobre esta acusación.

Giammattei no abordó las razones detrás de las protestas en su discurso transmitido en cadena nacional.

Desde el 2 de octubre, diversos sectores han estado exigiendo la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras y del jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, así como de otros funcionarios.

La Corte de Constitucionalidad de Guatemala ha ordenado al gobierno garantizar el derecho a protestar y la movilización de ciudadanos.

El presidente electo, Bernardo Arévalo, ha pedido una reunión mediada por la comisión de la Organización de Estados Americanos (OEA) para definir la transición de mando programada para el 14 de enero.

En respuesta, Arévalo instó a Giammattei a escuchar las demandas de los manifestantes y a destituir a Porras y a sus colaboradores, a quienes responsabiliza de abusos y atropellos al proceso electoral.

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