El gobierno de coalición de izquierdas de España enfrenta divisiones internas sobre un plan para implementar una semana laboral más corta sin reducción salarial.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, acusó al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, de ponerse «del lado de la patronal» al sugerir retrasar la implementación del plan.

Díaz, líder del partido de izquierda Sumar, expresó en una entrevista con la Radio Nacional de España (RNE) que existen «desacuerdos manifiestos» con el Partido Socialista del presidente Pedro Sánchez respecto al plan.

Instó a sus colegas a respetar el trabajo del comité de expertos que lo elaboró y a priorizar el bienestar de los trabajadores.

La propuesta busca reducir la jornada laboral de 40 a 37.5 horas semanales antes del 2025, manteniendo los salarios.

Sin embargo, el Banco de España y la anterior ministra de Economía han advertido sobre posibles consecuencias negativas, como el aumento de costos laborales y la desaceleración en la creación de empleo.

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha mostrado su preocupación, abogando por que la reducción de la jornada laboral sea resultado de negociaciones colectivas en lugar de una imposición legal, permitiendo a las empresas adaptarse según sus necesidades.

El gobierno mantiene su compromiso con el plan de reforma laboral, considerándolo una prioridad para garantizar la sostenibilidad económica y social del país.

A pesar de las diferencias internas, se busca encontrar un equilibrio que beneficie tanto a los trabajadores como a las empresas, impulsando el crecimiento económico de España.

En medio de un contexto de recuperación económica tras un año con buenos resultados, el debate sobre la semana laboral de 37.5 horas refleja la necesidad de encontrar soluciones que equilibren los intereses de todos los actores involucrados y garanticen un futuro sostenible para la economía española.

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