El panorama político de Ecuador ha tomado un rumbo radical tras una decisión de alto impacto del presidente Daniel Noboa. El mandatario firmó los Decretos Ejecutivos 147 y 148, mediante los cuales convoca a un referéndum y a una consulta popular. La ciudadanía ecuatoriana deberá pronunciarse sobre dos asuntos cruciales que podrían redefinir el futuro del país: la posible eliminación de la prohibición constitucional de bases militares extranjeras y la convocatoria a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Carta Magna.

Dos preguntas clave que definirán el futuro de la nación

El Decreto 147 somete a votación la pregunta sobre si se debe eliminar de la Constitución la prohibición de instalar bases militares extranjeras o de ceder instalaciones con fines militares a fuerzas de otros países. Actualmente, el artículo 5 de la Carta Magna establece que Ecuador es un territorio de paz y prohíbe de forma categórica este tipo de acuerdos. Si la propuesta es aprobada en las urnas, esta reforma habilitaría al país para establecer alianzas militares con naciones extranjeras.

Por su parte, el Decreto 148 plantea la instalación de una Asamblea Constituyente. El texto especifica que los representantes que redactarán el nuevo documento serán elegidos por votación popular, con reglas electorales detalladas en un estatuto adjunto. El proceso, sin embargo, incluye una doble votación: la consulta popular que habilitará la Constituyente y un segundo referéndum posterior que deberá validar el texto final de la nueva Constitución. Esto significa que la nueva Carta Magna solo entrará en vigencia si es aprobada en las urnas por la ciudadanía en dos ocasiones.

La justificación presidencial y la respuesta del sistema político

En un comunicado oficial desde el Palacio de Carondelet, el presidente Noboa defendió su decisión bajo el argumento de que es una expresión del principio democrático de entregar al pueblo las decisiones fundamentales. El mandatario fue claro al afirmar que «el verdadero dueño de la soberanía es el pueblo» y que «cualquier intento de organismos politizados por frenar el proceso no podrá prevalecer sobre la voluntad popular». Adicionalmente, se adelantó que Noboa emitirá un tercer decreto para incluir una pregunta relacionada con el financiamiento de los partidos políticos, ampliando aún más el alcance de esta iniciativa.

La reacción del sistema político ecuatoriano se anticipa dividida. Sectores cercanos al Ejecutivo sostienen que esta convocatoria es un acto que fortalece la democracia participativa y que es una respuesta necesaria ante la profunda crisis institucional y de seguridad que vive el país. Argumentan que el proceso abre la puerta a una redefinición integral del Estado. Sin embargo, los críticos acusan al presidente de invadir las competencias de la Corte Constitucional y de generar un precedente peligroso al interpretar de manera unilateral la Carta Magna. De aprobarse, Ecuador se embarcaría en un nuevo proceso constituyente a solo 17 años de haber aprobado la Constitución de Montecristi.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha sido notificado mediante los decretos y ahora tiene la responsabilidad de iniciar el procedimiento para organizar el referéndum y la consulta.