Las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en centros de trabajo continuarán como parte de la política migratoria de Estados Unidos, pero con énfasis en la detención de migrantes con antecedentes criminales, según afirmó este jueves Tom Homan, asesor en seguridad fronteriza del gobierno estadounidense.

“El mensaje es claro: seguiremos realizando estas operaciones en lugares de trabajo, como granjas y hoteles, pero con una prioridad clara. Los criminales van primero”, declaró Homan a medios de comunicación en la capital estadounidense.

La postura se da luego de que el presidente Donald Trump decidiera continuar con las acciones de ICE en sectores como la construcción, la hotelería y la agricultura, pese a versiones recientes que apuntaban a una posible moderación para evitar impactos económicos.

Homan detalló que el enfoque principal será sobre personas con antecedentes por delitos como trata de personas, trabajo forzoso, fraude fiscal o evasión de impuestos. Ante las preocupaciones de empresarios agrícolas sobre el posible efecto en la mano de obra, respondió que “hay formas correctas e incorrectas de contratar trabajadores”.

La semana pasada, el propio Trump reconoció que su política migratoria, calificada como “muy agresiva”, está teniendo efectos colaterales en sectores clave de la economía. “Debemos proteger a nuestros agricultores pero sacar a los CRIMINALES FUERA DE EE.UU. ¡Se avecinan cambios!”, escribió en su red Truth Social.

Además, Homan indicó que el gobierno está reforzando su enfoque en las llamadas ciudades santuario, que limitan su cooperación con las autoridades federales en materia migratoria. Según el funcionario, estas jurisdicciones representan un riesgo para la seguridad pública. “Estamos enviando más recursos ahí, porque liberan (a migrantes) sabiendo que representan una amenaza”, dijo.

Contrariamente, destacó la colaboración de estados como Florida, donde las autoridades locales —especialmente los alguaciles— aceptan las órdenes de detención federales y entregan a los migrantes sin estatus legal.

“Tenemos que concentrarnos donde sabemos que los sueltan a la calle”, concluyó Homan, reafirmando que la administración continuará priorizando la aplicación estricta de la ley migratoria, especialmente contra quienes representan un riesgo criminal, sin dejar de lado el impacto en la economía y la seguridad nacional.

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