El Gobierno de Estados Unidos solicitó a la Fiscalía General y al Departamento de Justicia otorgar inmunidad procesal a la presidenta interina de Venezuela, con el objetivo de proteger su situación jurídica mientras encabeza el proceso de transición política y mantiene contactos con la comunidad internacional.

De acuerdo con fuentes diplomáticas, la petición busca garantizar que la funcionaria pueda participar en foros internacionales, coordinar el diálogo con otros gobiernos y avanzar en acuerdos de cooperación sin enfrentar procedimientos penales o civiles en territorio estadounidense.

La administración estadounidense considera que esta medida forma parte de su estrategia para respaldar a las autoridades que reconoce como legítimas durante la transición venezolana y facilitar la colaboración en temas como migración, seguridad y energía.

La solicitud ha generado posturas encontradas. Mientras algunos especialistas sostienen que la inmunidad puede favorecer la estabilidad institucional y el proceso de diálogo, otros advierten que este tipo de protección podría abrir un debate sobre la rendición de cuentas y la justicia transicional en Venezuela.

Las autoridades judiciales de Estados Unidos analizarán en los próximos días el alcance y la vigencia de la solicitud, mientras Washington reiteró su respaldo a los esfuerzos para impulsar una transición democrática en el país sudamericano.

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