Tijuana.- En la frontera entre México y Estados Unidos, el gobierno estadounidense, bajo la administración de Donald Trump, ha finalizado la construcción de un muro de aproximadamente nueve metros de altura que cruza sobre la canalización del río Tijuana. Esta estructura, que se erige en la línea divisoria entre ambas naciones, ha suscitado críticas de funcionarios mexicanos y expertos en ingeniería, quienes afirman que el proyecto infringe varios tratados internacionales relacionados con los límites territoriales y naturales entre los dos países.

El muro, que incluye compuertas diseñadas para regular el flujo de agua en el canal, ha sido construido con el objetivo de facilitar la vigilancia y el control fronterizo por parte de la Patrulla Fronteriza y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés). Las compuertas de acero permiten abrirse electrónicamente cuando el nivel del agua en el canal se eleva debido a lluvias o desbordamientos, lo que ha generado preocupaciones sobre el posible impacto en las comunidades cercanas.

Expertos en hidráulica y funcionarios del estado mexicano de Baja California han expresado su preocupación de que esta obra podría provocar inundaciones graves tanto en el centro de Tijuana, México, como en San Ysidro, en California, Estados Unidos. Según los especialistas, la construcción del muro podría alterar el flujo natural del agua y generar un riesgo significativo para las zonas urbanas cercanas.

Adriana Reséndez Maldonado, comisionada de la sección mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), declaró en un comunicado oficial que la construcción del muro viola acuerdos previos entre ambos países, particularmente un acuerdo firmado en 1977. Este acuerdo estipula que las obras de encauzamiento y cualquier intervención en el cauce del río Tijuana deben ser consideradas y aprobadas de manera binacional, lo que implica que las autoridades de Estados Unidos debieron consultar previamente al gobierno mexicano antes de ejecutar el proyecto.

Reséndez destacó que los efectos del muro podrían ser "negativos" y alertó sobre los posibles daños, incluyendo inundaciones y la pérdida de vidas en territorio mexicano. Sin embargo, aunque la funcionaria ha mantenido una postura crítica hacia la obra desde su inicio, no ha especificado qué acciones se tomarán para abordar esta situación.

El río Tijuana, que fluye a lo largo de 195 kilómetros entre el estado de Baja California en México y el sur de California en Estados Unidos, es un importante recurso hídrico para ambas naciones. La construcción del muro sobre el canal podría tener implicaciones significativas para el ecosistema de la región y la gestión de los recursos hídricos, que ya enfrentan desafíos debido a la urbanización y el crecimiento poblacional en la zona fronteriza.

En este contexto, algunos críticos han señalado que la obra no solo tiene implicaciones ambientales, sino también sociales y políticas, ya que está relacionada con el control de la migración y las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos. La intervención en el cauce del río Tijuana también plantea preguntas sobre el grado de aceptación y conformidad del gobierno mexicano con respecto a las decisiones de Estados Unidos en la frontera.

Fuentes cercanas a la CILA en México, que pidieron mantenerse en el anonimato, indicaron que las autoridades mexicanas ya estaban al tanto de la construcción del muro desde sus primeras etapas. A pesar de la oposición expresada por la comisionada Reséndez y otros funcionarios, no se ha tomado ninguna medida formal para detener el proyecto. Estas fuentes también señalaron que la falta de acción por parte del gobierno mexicano, a pesar de la violación de los tratados, ha generado preocupación sobre las repercusiones de esta obra en el ecosistema local y sobre el papel que ha jugado México en la autorización de su desarrollo.

“La cuestión aquí es ver qué tanto puede repercutir o no la construcción de este muro, que funge también como puente, en el ecosistema de la región y qué tanto el Gobierno de México ha permitido su desarrollo, pese a los tratados y a la oposición que ha surgido incluso dentro de Estados Unidos”, comentó la fuente.

Mientras tanto, diversas organizaciones civiles y grupos ambientalistas han solicitado que se respeten los acuerdos internacionales y que se evalúen cuidadosamente los posibles efectos de la obra en las comunidades y el medio ambiente en la región.

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