La Administración de Pequeñas Empresas (SBA) ha asestado un golpe definitivo a la capacidad de financiamiento de los residentes permanentes legales en Estados Unidos. Según un memorando emitido este lunes, a partir del 1 de marzo de 2026, los titulares de «green card» quedarán excluidos de los préstamos federales, limitando el beneficio exclusivamente a empresas de propiedad 100% estadounidense cuyos dueños residan en el país.

Esta medida elimina la flexibilidad que existía anteriormente para los negocios de inmigrantes:

Antes de Trump: Bastaba con que el 51% de la empresa perteneciera a un estadounidense residente para calificar.

Cambio de diciembre: La SBA ya había endurecido el requisito, permitiendo solo un 5% de propiedad extranjera o de residentes.

La nueva regla: Exclusión total. Ningún porcentaje de propiedad puede estar en manos de alguien que no sea ciudadano estadounidense residente.

El programa afectado es el 7(a), el préstamo de usos múltiples más popular de la agencia, que otorga hasta US$ 5 millones para iniciar o expandir negocios. La decisión ha provocado una ola de críticas por parte de legisladores demócratas, como el senador Edward J. Markey y la representante Nydia Velázquez, quienes calificaron la medida como un ataque directo a los inmigrantes legales que generan empleos.

Los prestamistas ya han reportado una disminución en el volumen de créditos otorgados y dificultades logísticas para verificar la ciudadanía de manera tan estricta. Hasta el momento, la administración de la SBA no ha respondido a las cartas de los comités del Congreso que cuestionan la legalidad y el impacto económico de esta prohibición, la cual entrará en vigor en menos de un mes.

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