El Departamento del Tesoro de Estados Unidos flexibilizó sanciones petroleras contra Venezuela, permitiendo a empresas estadounidenses negociar directamente con la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), en un movimiento que busca aumentar el suministro mundial de crudo en medio de la tensión con Irán.

La autorización emitida el miércoles permite que PDVSA venda petróleo a empresas estadounidenses y en mercados internacionales, un cambio significativo tras años de restricciones que limitaron las transacciones con el sector petrolero venezolano. Sin embargo, la licencia no elimina las sanciones por completo: los pagos no podrán ir directamente a PDVSA, sino a una cuenta especial controlada por Estados Unidos, y se prohíben acuerdos con entidades de Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba y algunas empresas chinas, así como transacciones de deuda o bonos venezolanos.

Adicionalmente, la Casa Blanca anunció una exención de 60 días a la Ley Jones, que exige que los bienes transportados entre puertos estadounidenses lo hagan en embarcaciones con bandera de EE. UU. Esta medida busca mitigar posibles interrupciones en el suministro de petróleo y otros recursos esenciales.

Según un funcionario del Tesoro, la acción pretende incentivar nuevas inversiones en el sector energético venezolano, beneficiando a ambos países y al mercado global de crudo. Expertos destacan que Venezuela, con las mayores reservas de petróleo del mundo, ha visto caer su producción de 3.5 millones de barriles diarios en 1999 a menos de 400 mil barriles en 2020, debido a corrupción, mala gestión y sanciones previas.

La flexibilización llega tras años de restricciones, incluyendo sanciones implementadas en 2019 que obligaron al gobierno venezolano a vender petróleo con descuentos de hasta 40% por debajo del precio de mercado, aceptando incluso pagos en rublos, bienes de trueque o criptomonedas. La nueva autorización prohíbe pagos en oro o criptoactivos, incluido el token petro.

Críticos del gobierno interino señalan que la medida podría beneficiar a líderes leales a Nicolás Maduro, mientras continúa la represión, la corrupción y la crisis económica en el país. Actualmente, muchos trabajadores públicos sobreviven con aproximadamente 160 dólares al mes, mientras el sector privado promedia 237 dólares anuales, en un contexto de inflación del 475% que eleva el costo de alimentos por encima de lo asequible para la población.

La Casa Blanca argumenta que la flexibilización es parte de un esfuerzo más amplio para garantizar la estabilidad del mercado petrolero global en medio de la guerra con Irán y las tensiones geopolíticas, asegurando que recursos críticos como petróleo, gas natural y fertilizantes fluyan sin interrupciones hacia Estados Unidos.

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