Este jueves, una corte federal de apelaciones reactivó los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump, un día después de que un tribunal de comercio dictara que el presidente había excedido su autoridad al imponerlos, ordenando un bloqueo inmediato.

La decisión fue tomada por el Tribunal de Apelaciones para el Circuito Federal en Washington, que no emitió un razonamiento detallado, pero ordenó a los demandantes en el caso que presentaran su respuesta antes del 5 de junio y al Gobierno de EE. UU. antes del 9 de junio. Esta moción de emergencia, concedida a favor de la administración Trump, se basó en un argumento sobre la "seguridad nacional", señalando que la suspensión de los aranceles podría ser crítica para la seguridad del país.

El fallo del Tribunal de Comercio Internacional, emitido el miércoles, había amenazado con anular o al menos retrasar la implementación de los aranceles, los cuales afectan principalmente a productos de Canadá, México y China. Estos gravámenes fueron justificados por la administración Trump en el contexto de la lucha contra el flujo de fentanilo, una droga opioide que ha causado miles de muertes en EE. UU.

Las demandas contra estos aranceles argumentan que las medidas tomadas por Trump exceden su autoridad presidencial y dejan la política comercial del país a merced de decisiones unilaterales. En ese sentido, varios críticos sostienen que los aranceles podrían haber sido una forma de abuso de poder.

La Casa Blanca respondió al fallo del Tribunal de Comercio Internacional. Karoline Leavitt, portavoz de la administración Trump, calificó la decisión como un "abuso descarado" de la autoridad judicial. En una conferencia de prensa, Leavitt expresó su preocupación por lo que calificó como una "tendencia peligrosa" de jueces no electos que interfieren en el proceso de toma de decisiones del presidente.

Leavitt aseguró que los jueces que bloquearon los aranceles actuaron "abusando de su poder judicial" y usurpando la autoridad presidencial. En sus declaraciones, también enfatizó que tales bloqueos judiciales interferían con las políticas diplomáticas y comerciales, que deberían estar bajo la jurisdicción exclusiva del presidente y no de jueces no electos.

Este es solo uno de los muchos desafíos legales que enfrenta la administración Trump, que ha sido objeto de múltiples bloqueos judiciales en relación con políticas adoptadas desde su mandato. La portavoz destacó que más de la mitad de las órdenes judiciales con alcance nacional contra las políticas de la administración Trump fueron emitidas en los primeros años de su gobierno, y subrayó que la actual administración ha experimentado más bloqueos judiciales en su primer mes que el expresidente Joe Biden en tres años.

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