Estados Unidos impuso sanciones a Viviane Barci de Moraes, esposa del juez de la Corte Suprema brasileña Alexandre de Moraes, quien lideró las investigaciones que resultaron en la condena histórica del ex presidente Jair Bolsonaro. Las sanciones fueron anunciadas este lunes por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU., en el marco de la ley Magnitsky, que permite sancionar a individuos y entidades involucrados en violaciones de derechos humanos y corrupción.

Junto con Viviane Barci de Moraes, también fue sancionada la empresa Lex, Instituto de Estudios Jurídicos, con sede en São Paulo, que está vinculada a la familia del juez. La medida implica que tanto Barci de Moraes como la empresa tendrán bloqueados sus activos en EE. UU. y quedarán prohibidos de realizar actividades económicas con ciudadanos o empresas estadounidenses. Además, se les suspende el visado, lo que les impide ingresar al territorio estadounidense.

Estas sanciones siguen a las que ya fueron impuestas el pasado 30 de julio a Alexandre de Moraes, quien encabezó las investigaciones contra Bolsonaro por su implicación en un intento de golpe de Estado en enero de 2023, tras perder las elecciones. La corte suprema brasileña dictó una condena histórica contra el ex presidente, quien fue sentenciado a 27 años de prisión por su papel en los hechos de violencia que marcaron la transición de poder.

El Departamento del Tesoro de EE.UU. justificó las sanciones al señalar que las investigaciones lideradas por el juez y su familia representaron un abuso de poder, con el objetivo de dañar políticamente a Bolsonaro. La medida también fue interpretada como una respuesta a la postura del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, al que Washington considera alineado con una agenda de izquierda. En este sentido, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, advirtió que podrían implementarse nuevas sanciones si las tensiones políticas entre los dos países se intensifican.

Por su parte, el gobierno brasileño ha calificado las sanciones como una injerencia en sus asuntos internos. El presidente Lula ha expresado su firmeza en cuanto al respeto por el sistema judicial brasileño y su independencia, independientemente de las presiones internacionales.

Las sanciones a Viviane Barci de Moraes y a la empresa Lex son un claro ejemplo de cómo la ley Magnitsky sigue siendo utilizada por Estados Unidos para sancionar a individuos y entidades consideradas responsables de violaciones graves a los derechos humanos o actos de corrupción.

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