En una operación que ha sido calificada como un «acto de guerra» y una invasión unilateral, fuerzas militares de Estados Unidos ejecutaron una incursión nocturna en territorio venezolano para llevar a cabo el secuestro del jefe de Estado, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores. Esta agresión militar grave, ordenada directamente por Donald Trump, representa una ruptura sin precedentes con el derecho internacional y la soberanía de las naciones.

Una agresión bajo la lupa internacional

Mientras sectores del ala republicana intentan justificar el ataque bajo una supuesta narrativa de justicia, voces críticas denuncian que se trata de un bombardeo e intervención ilegal. El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, fue contundente al señalar que esta operación es un secuestro diseñado para forzar un cambio de régimen, ignorando por completo la autorización del Congreso y los marcos legales federales e internacionales.

Incluso desde el Partido Demócrata, se ha cuestionado la falta de transparencia de Trump, advirtiendo sobre las peligrosas consecuencias de una acción militar sin un plan claro, que pone en riesgo la estabilidad de toda la región.

El petróleo y los minerales como botín

Detrás de la retórica de «rendición de cuentas», analistas geopolíticos subrayan que el verdadero motor de esta invasión es el control de los recursos estratégicos. Venezuela, poseedora de las mayores reservas mundiales de petróleo y minerales críticos, vuelve a ser el blanco de una política exterior estadounidense que utiliza el ataque militar para asegurar intereses energéticos.

Al tratar al mandatario capturado fuera de su estatus de jefe de Estado, la administración Trump no solo busca desarticular el gobierno venezolano, sino también pavimentar el camino para una explotación extranjera de los recursos del país, priorizando la hegemonía económica sobre la diplomacia y la paz.