La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una reforma constitucional histórica que redefine por completo el panorama político del país. Con el respaldo de 57 de los 60 diputados, se modificaron artículos clave de la Carta Magna para permitir la reelección presidencial indefinida y extender el mandato de cinco a seis años, consolidando así el poder del oficialismo y abriendo la puerta a que el presidente Nayib Bukele pueda mantenerse en el cargo por tiempo indeterminado.

La iniciativa, impulsada por el partido oficialista Nuevas Ideas y sus aliados, contó con una abrumadora mayoría legislativa. Solo los seis diputados de la oposición, liderados por ARENA y Vamos, votaron en contra, calificando la medida como inconstitucional y antidemocrática.

Entre los cambios más significativos se encuentra la eliminación de la restricción que impedía al jefe de Estado buscar la reelección de manera inmediata. Además, se suprime la necesidad de una segunda vuelta electoral en caso de que ningún candidato obtenga la mayoría absoluta, facilitando la victoria del aspirante con más votos en una sola ronda.

La diputada oficialista Ana Figueroa defendió la reforma argumentando que la reelección «siempre ha existido en El Salvador para casi todos los cargos de elección popular», y que el objetivo es «darle el poder total al pueblo salvadoreño».

Implicaciones políticas y sociales

La aprobación de esta reforma es un paso crucial en la agenda política del presidente Bukele. Aunque su actual mandato concluiría en 2029, la modificación le permitiría postularse para un nuevo periodo en las elecciones de 2027. Además, el calendario electoral se unificaría, haciendo coincidir las presidenciales con las elecciones legislativas y municipales, lo que podría fortalecer aún más la influencia del partido de gobierno.

La medida se aprueba en un contexto donde el poder legislativo y ejecutivo están fuertemente alineados. Días atrás, el presidente Bukele se mostró desafiante ante las críticas internacionales, declarando que no le preocupa ser llamado «dictador» y cuestionando la utilidad de términos como «democracia» e «institucionalidad».

La reforma aún necesita una segunda aprobación en una legislatura posterior para entrar en vigor. Sin embargo, dada la mayoría aplastante del oficialismo, se espera que el proceso sea solo un formalismo y la ratificación se concrete en los próximos meses.

Paralelamente, el Congreso también debate la aprobación de la prórroga número 41 del régimen de excepción, una medida implementada desde marzo de 2022 para combatir a las pandillas y que ha sido objeto de fuertes críticas por parte de organizaciones de derechos humanos y observadores internacionales.