«Necesitamos unos nuevos presupuestos», aseguró la semana pasada el jefe del Gobierno. «Si había alguna razón para aprobarlos antes» de la catástrofe, «ahora esa necesidad se multiplica», agregó al anunciar las primeras medidas de apoyo económico a los afectados.

A finales de septiembre, el dirigente socialista desveló las grandes líneas de su proyecto de ley presupuestos para 2025, que prevé un crecimiento del 2,4% y un déficit público del 2,5% del PIB. Pero estos objetivos todavía no se han votado, y la presentación del texto completo sigue haciéndose esperar.

Tras las dilaciones se encuentran, principalmente, las reticencias de varios partidos que apoyaron la investidura de Sánchez, como la formación independentista Juntos por Cataluña (JxCAT), cuyo respaldo es indispensable para que el ejecutivo de coalición español sume mayoría en el Congreso de los Diputados.

En España, donde los equilibrios políticos son complejos, no es extraño que el gobierno no consiga aprobar su proyecto de ley de presupuestos. Desde el regreso de la democracia en 1975, ya ocurrió una decena de veces, la última el año pasado.

En ese caso, la Constitución permite sortear el bloqueo autorizando al ejecutivo a que prolongue el techo de gastos e ingresos votados en el presupuesto anterior. El gobierno debe limitarse entonces a realizar ajustes, lo que restringe su acción.

«Emergencia»

Tras las graves inundaciones de hace unos días, «nadie entendería» que España no tenga presupuestos, defendió, sin embargo, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el domingo en el periódico El País.

«Para reconstruir hacen falta presupuestos», aseguró argumentando que «la emergencia lo requiere».

La catástrofe -que dejó más de 200 muertos, principalmente en la región de Valencia- destruyó numerosas infraestructuras y dañó decenas de miles de empresas, especialmente comercios y explotaciones agrícolas, generando unos costes astronómicos para los afectados.

Para tratar de hacer frente al desastre, el ejecutivo anunció la semana pasada un primer paquete de 10.600 millones de euros (unos 11.300 millones de dólares), que comprenden ayudas directas a las pequeñas y medianas empresas, así como para los trabajadores independientes. Este lunes, el gobierno español anunció 110 medidas adicionales, por otros casi 3.800 millones de euros.

Estas ayudas, sin embargo, pesarán sobre las cuentas españolas, que necesitarán ajustes significativos.

«Contamos con la colaboración de Bruselas», pero la respuesta del Estado será más eficaz si cuenta con unos presupuestos, insistió Montero, llamando a la «unidad».

Un mensaje reforzado también por su homólogo de Economía, Carlos Cuerpo. «La reconstrucción llevará varios años» y no puede organizarse solo a través de «decretos ley», concebidos para circunstancias puntuales, subrayó.

«Chantaje»

La duda era si la situación excepcional que vive España podría permitir una unión difícil de ver en otras ocasiones. Pero este fin de semana, el Partido Popular (PP, derecha), principal formación de oposición a Sánchez, denunció lo que afirma son presiones del Ejecutivo y descartó otorgarle un cheque en blanco.