La administración del presidente Donald Trump evalúa una estrategia económica disruptiva para facilitar la adquisición de Groenlandia: el pago de bonos directos a sus habitantes. Según fuentes, funcionarios de la Casa Blanca han discutido cifras que oscilan entre 10,000 y 100,000 dólares por persona, una medida orientada a promover la separación de la isla respecto al Reino de Dinamarca y su potencial adhesión a la esfera de influencia estadounidense.

El plan, que supondría un desembolso aproximado de 6,000 millones de dólares, busca mitigar las preocupaciones económicas de los 57,000 groenlandeses ante una eventual independencia. Esta táctica se suma a otras opciones en estudio, que incluyen desde el establecimiento de un Pacto de Libre Asociación (COFA) hasta el uso del ejército de los Estados Unidos, en un esfuerzo por asegurar el control de un territorio rico en minerales críticos para la defensa nacional.

Rechazo internacional y contexto estratégico

La propuesta ha generado una reacción inmediata de rechazo tanto en Nuuk como en Copenhague:

Postura local: El primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, ha exigido el cese de lo que denomina «fantasías sobre la anexión», subrayando que el territorio no está en venta.

Respuesta europea: Las principales potencias del continente (Francia, Alemania, España, entre otras) emitieron una declaración conjunta reafirmando que solo Groenlandia y Dinamarca tienen potestad sobre su relación bilateral.

El renovado impulso de Washington por la isla se produce tras la reciente operación militar en Venezuela que resultó en la captura de Nicolás Maduro. Según fuentes internas, el gobierno estadounidense busca capitalizar dicho «impulso» para alcanzar objetivos geopolíticos históricos. A pesar de que la Secretaría de Estado, liderada por Marco Rubio, busca una vía diplomática, el enfoque transaccional de los pagos directos ha sido criticado por diversos analistas al ser percibido como una medida que podría degradar el debate soberanista de la población local.

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