El Congreso de El ⁠Salvador, de mayoría oficialista, reformó ⁠este martes ⁠la constitución salvadoreña para avalar la cadena perpetua en el país centroamericano, para quienes sean hallados culpables de homicidio, violación y terrorismo, en medio de una ofensiva contra las pandillas que está por cumplir cuatro años de vigencia.

Esta medida marca un hito en la política de seguridad del país, que actualmente ostenta la tasa de encarcelamiento más alta del mundo, con aproximadamente 1,700 prisioneros por cada 100,000 habitantes.

Una reforma exprés para endurecer las penas

Con el respaldo de 59 de los 60 diputados, la enmienda fue ratificada apenas unas horas después de ser presentada al Congreso. El cambio principal radica en la eliminación de la prohibición de las «penas perpetuas», permitiendo que los criminales cumplan sentencia de manera indefinida.

Hasta el momento, la legislación salvadoreña contemplaba una condena máxima de 60 años, la cual incluía diversos mecanismos legales para la reducción de la sentencia por buena conducta o tiempo servido.

La vicepresidenta parlamentaria, Suecy Callejas, fue contundente al justificar la medida, señalando que el objetivo primordial es garantizar que los delincuentes de alta peligrosidad no vuelvan a pisar las calles. Por su parte, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, reafirmó que esta decisión es un paso más en la «guerra sin cuartel» que el Ejecutivo mantiene contra las estructuras de las pandillas.

El fin de la reinserción social para pandilleros

La postura de la administración de Bukele respecto a la rehabilitación es escéptica. Según declaraciones de la Presidencia, el gobierno considera que la pertenencia a una pandilla es un «delito continuado», argumentando que las reglas internas de estos grupos dictan que nadie deja de ser miembro hasta el día de su muerte. Bajo esta lógica, la reforma busca anular cualquier posibilidad de que los cabecillas y miembros activos de estas estructuras recuperen su libertad.

Esta decisión llega en un momento crítico, a pocos días de cumplirse cuatro años de la implementación del régimen de excepción. Esta medida excepcional ha permitido la detención de más de 91,500 personas sin orden judicial previa, bajo la sospecha de colaborar o pertenecer a grupos terroristas.

Críticas por violaciones a los derechos humanos

A pesar de que la política de seguridad ha logrado reducir los índices de homicidios a mínimos históricos, las voces de alerta no se han hecho esperar. Organizaciones como Socorro Jurídico denuncian que cerca de 500 personas han fallecido bajo custodia del Estado sin haber recibido un juicio, y aseguran que un alto porcentaje de los detenidos no presentan el perfil de pandilleros.

Abogados penalistas y defensores de derechos humanos han calificado las cárceles salvadoreñas como «pozos humanos», advirtiendo que la falta de claridad sobre la retroactividad de la ley y la realización de juicios masivos podrían terminar condenando de por vida a personas inocentes atrapadas en el sistema. Mientras la comunidad internacional observa con cautela, otros países de la región comienzan a analizar el «modelo Bukele» como una posible solución a sus propios problemas de criminalidad.

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