El Salvador se ha convertido en un referente en el ecosistema criptográfico en América Latina, al ser el primer país en declarar a bitcoin como moneda de curso legal. Además, ha estado implementando normas para disminuir la brecha tecnológica y financiera del país centroamericano.

Una propuesta para facilitar el intercambio de activos digitales en el Salvador

Una de estas normas es la que propone modificar el acceso de los proveedores de servicios de activos digitales (PSAD) al sistema financiero nacional, sin necesidad de intermediar con la banca privada. Esta propuesta está sometida a consulta pública hasta el 10 de octubre, y busca facilitar el intercambio de activos digitales por dinero fiduciario o por otros activos digitales, tal como lo establece la Ley de Emisión de Activos Digitales.

Los PSAD son aquellas entidades que ofrecen servicios relacionados con la custodia, el envío, la recepción, el intercambio o la negociación de activos digitales, como bitcoin o cualquier otro tipo de criptomoneda. Estos proveedores podrían comunicarse directamente con el Banco Central de Reserva de El Salvador, que administra los sistemas de pagos del país, y utilizar las rampas fiat para convertir los activos digitales a dólares estadounidenses, que es la moneda oficial de El Salvador.

La propuesta busca crear un marco regulatorio claro y amigable con los activos digitales, pero también evitar que se utilice el país como un paraíso fiscal para el lavado de dinero o cualquier otra actividad fraudulenta con las criptomonedas. Por eso, la propuesta incluye requisitos para que los PSAD cumplan con las normativas relativas al lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, así como con los sistemas de liquidación del dólar estadounidense.

Un acceso a la información transparente y seguro

Otro aspecto que se plantea en la propuesta de modificación de las normas para los proveedores de servicios de activos digitales es el acceso a la información por parte del Banco Central y las autoridades competentes. Según el artículo 16 de la propuesta, las plataformas tecnológicas de los PSAD autorizados para participar en el sistema o sistemas de pagos administrados por el Banco Central, deberán facilitar toda la información relacionada con las operaciones realizadas, cuando se les solicite por el Banco Central, para el ejercicio de sus funciones, o por las autoridades respectivas, para la investigación de delitos. Para ello, se deberán implementar y administrar mecanismos y procedimientos de extracción y generación de información histórica.

Este artículo busca garantizar la transparencia y la seguridad de las operaciones con activos digitales, así como prevenir y combatir el uso ilícito de las criptomonedas. Sin embargo, también podría generar preocupación entre algunos usuarios que valoran la privacidad y el anonimato que ofrecen algunas plataformas tecnológicas de los PSAD.

La propuesta también contempla la posibilidad de actualizar la normativa si fuera necesario, debido a que el ecosistema criptográfico está en constante evolución y crecimiento. De esta manera, El Salvador busca adaptarse a las nuevas tendencias tecnológicas y financieras, y aprovechar las oportunidades que ofrecen los activos digitales para el desarrollo económico y social del país.

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