El gobierno de Nayib Bukele promulgó una reforma legal que permitirá aplicar penas de cadena perpetua a menores de edad en casos de delitos graves, como parte de su estrategia de seguridad. La medida fue firmada recientemente y entrará en vigor el 26 de abril, cuando comiencen a operar nuevos juzgados especializados.

La iniciativa, aprobada previamente por la Asamblea Legislativa salvadoreña, dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas, elimina disposiciones diferenciadas que anteriormente favorecían a menores infractores. Con ello, adolescentes de entre 12 y 18 años podrán recibir condenas equivalentes a las de adultos por delitos como homicidio, feminicidio, terrorismo, violación y vínculos con pandillas.

De acuerdo con la reforma a la Ley Penal Juvenil, las sentencias de cadena perpetua no serán necesariamente definitivas. Se establece un sistema de revisión judicial periódica: los condenados podrán solicitarla cada cinco años, aunque en el caso de menores esta posibilidad se abre tras 25 años de prisión, mientras que para adultos el plazo inicia entre los 30 y 40 años, dependiendo de la gravedad del delito.

El texto legal señala que un juez especializado deberá evaluar cada caso y determinar si procede algún beneficio, tomando en cuenta criterios relacionados con la reinserción social y el desarrollo del menor. También se contempla que menores de 12 años no estarán sujetos a este régimen, aun cuando presenten conductas antisociales.

Aunque la reforma elimina mecanismos especiales previos, mantiene como principios rectores el respeto a los derechos humanos, la dignidad y la formación integral de los menores. El documento subraya que los adolescentes no deben ser sometidos a tratos degradantes ni privados arbitrariamente de sus derechos.

Esta medida se enmarca en la política de seguridad impulsada por el gobierno desde marzo de 2022, tras la declaración de un régimen de excepción para enfrentar la violencia atribuida a pandillas. Desde entonces, la administración ha promovido cambios legales orientados a endurecer las sanciones penales.

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