La cifra de muertes bajo custodia de las autoridades de seguridad de El Salvador ha superado las 301 desde el inicio del régimen de excepción en marzo de 2022, establecido para combatir a las pandillas. Ingrid Escobar, directora de la organización civil Socorro Jurídico Humanitario (SJH), informó que la mayoría de estas muertes ocurrieron de manera violenta.

Escobar explicó que, de las 301 muertes confirmadas, solo una ocurrió en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), mientras que el resto sucedieron en prisiones como Izalco, La Esperanza, Apanteos, Zacatecoluca, Quezaltepeque y calabozos de la Policía Nacional Civil (PNC). Destacó que el 48% de las muertes fueron causadas por torturas y violencia, y el 33% por la negación de tratamiento médico.

La activista señaló que han recibido más de 500 denuncias de muertes de personas detenidas, pero solo han logrado confirmar 301. En respuesta a las primeras denuncias, el fiscal general, Rodolfo Delgado, informó que a mediados de 2023 se archivaron 142 casos, ya que no constituían delito.

El régimen de excepción, aprobado en marzo de 2022 tras una ola de homicidios, ha sido prorrogado 26 veces y ha resultado en más de 80,000 detenciones, de las cuales más de 7,000 personas han sido liberadas condicionalmente. Aunque ha disminuido los homicidios y goza de amplia popularidad, las organizaciones humanitarias han recibido más de 6,000 denuncias de violaciones de derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones breves. Esta medida ha sido clave para la reelección inmediata de Nayib Bukele, a pesar de la prohibición constitucional.