El Tribunal Constitucional español anunció este miércoles que examinará la constitucionalidad de la ley de amnistía a los independentistas catalanes, manteniendo la incertidumbre sobre cientos de casos, entre ellos el del líder secesionista Carles Puigdemont.

El órgano que se pronuncia sobre la constitucionalidad de las leyes anunció en un comunicado que «admite a trámite por unanimidad la cuestión de inconstitucionalidad planteada» por el Tribunal Supremo.

El Tribunal Supremo expresó dudas sobre el artículo 1 de esta ley aprobada en junio, e impulsada por el Gobierno del presidente Pedro Sánchez para conseguir el apoyo a su investidura de los dos partidos independentistas catalanes con representación en el Congreso de los Diputados.

Ese artículo, que afirma que «quedan amnistiados» todos los actos en relación con el proceso independentista catalán ocurridos entre noviembre de 2011 y noviembre de 2023, podría vulnerar, según el Supremo, la igualdad ante la ley de los españoles y la seguridad jurídica.

El examen de la ley por este órgano de garantías podría demorarse meses en el mejor de los casos, y se producirá con cientos de independentistas ya amnistiados y otros pendientes de hacerlo, bien por cuestiones burocráticas o porque los jueces han considerado que la medida de gracia no puede aplicarse a sus casos, como pasa con Puigdemont, autoexiliado en Bélgica desde 2017, cuando fracasó la secesión.

De rebote, la situación política española podría verse afectada, porque el apoyo indispensable a Sánchez de los diputados independentistas catalanes podría resentirse de la situación.

El primer partido de la oposición, el conservador Partido Popular, también ha presentado recurso contra la ley ante el Constitucional, como lo han hecho varios de sus gobiernos regionales e incluso uno en manos de los socialistas de Sánchez, el de Castilla-La Mancha.

También la justicia europea ha sido interpelada sobre la norma. En concreto, otro tribunal español, la Audiencia Nacional, preguntó a principios de septiembre al Tribunal de Justicia de la Unión europea (TJUE), si se puede aplicar la amnistía en los casos de presunto terrorismo atribuido a varios independentistas.

Finalmente, el Tribunal de Cuentas español -que supervisa el buen uso del erario-, preguntó a la justicia europea si procede amnistiar los desvíos de fondos públicos para la tentativa secesionista.

*Con información de AFP*