El Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminó el jueves que las universidades públicas no pueden utilizar la raza como criterio para admitir a los estudiantes, poniendo fin a una política de acción afirmativa que buscaba promover la diversidad y compensar la desigualdad histórica.

La decisión, que se tomó por una mayoría de 6 a 3, afecta a los estados que aún permitían el uso de la raza como factor en el proceso de admisión, como California, Texas y Florida. Los jueces conservadores argumentaron que la Constitución prohíbe cualquier forma de discriminación racial por parte del gobierno, mientras que los jueces progresistas defendieron que la acción afirmativa es necesaria para corregir los efectos del racismo sistémico y crear una sociedad más inclusiva.

La sentencia se produjo en respuesta a una demanda presentada por un grupo de estudiantes blancos y asiáticos que se sintieron perjudicados por la política de admisión de la Universidad de Texas en Austin, que otorgaba puntos adicionales a los candidatos pertenecientes a minorías subrepresentadas. El grupo alegó que la universidad violaba el principio de igualdad de oportunidades y el derecho a la educación.

La decisión del Tribunal Supremo ha generado reacciones encontradas entre los sectores políticos, educativos y sociales del país

Algunos la han celebrado como una victoria para la meritocracia y la neutralidad racial, mientras que otros la han criticado como un retroceso para la justicia social y la representación de las comunidades marginadas.

Los defensores de la acción afirmativa sostienen que esta política es esencial para reducir las brechas educativas y económicas entre los grupos raciales, así como para fomentar el intercambio cultural y el respeto mutuo en las aulas. Según ellos, la decisión del tribunal ignora la realidad de la discriminación estructural y el privilegio blanco que persisten en la sociedad estadounidense.

Los opositores de la acción afirmativa afirman que esta política es injusta y contraproducente, ya que penaliza a los estudiantes más calificados y crea resentimiento entre los grupos raciales. Según ellos, la decisión del tribunal respeta el ideal de igualdad ante la ley y el mérito individual que caracterizan al país.

La decisión del Tribunal Supremo no afecta a las universidades privadas, que pueden seguir aplicando sus propios criterios de admisión siempre que no reciban fondos federales. Tampoco impide que las universidades públicas utilicen otros factores distintos a la raza, como el origen socioeconómico, el género o la discapacidad, para favorecer la diversidad estudiantil.

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