En una decisión unánime, el Tribunal Supremo de Israel ha dado luz verde al Gobierno para autorizar la retención de los cuerpos de supuestos «terroristas» con el objetivo de negociar posibles intercambios, incluso incluyendo ciudadanos israelíes entre ellos. Esta medida ha generado controversia, ya que el año pasado se presentó hasta seis denuncias por parte de familiares de los fallecidos contra la retención de los cuerpos, argumentando que no podían recibir una sepultura adecuada y alegando un «perjuicio grave y flagrante» a la dignidad. de los fallecidos y sus familias.

La postura del Gobierno de Israel

El Gobierno ha defendido su postura, señalando que las negociaciones para la liberación de rehenes en la Franja de Gaza son complejas y dinámicas, y que la posesión de los cuerpos de los supuestos terroristas podría ser necesaria para lograr la vuelta de los cautivos y desaparecidos. El juez David Mintz, encargado de redactar la opinión de los tres jueces involucrados en la decisión, ha destacado la capacidad limitada del Tribunal Supremo para intervenir en decisiones del Gobierno en materia de seguridad, solo justificable en situaciones extremas.

Mintz ha subrayado que el mando militar tiene la competencia para decidir sobre la entrega o retención de los cuerpos de acuerdo con una norma de 1945. Además, ha enfatizado que la medida se considera «provisional y limitada en el tiempo» y que, dada la situación actual, el Tribunal no ve margen para intervenir en este tema en particular.

La autorización para retener indefinidamente los cadáveres de «terroristas» con multas de intercambio ha generado un intenso debate en Israel, donde las voces a favor y en contra se han hecho sentir con fuerza. La delicada situación en la región, marcada por conflictos constantes, añade una capa adicional de complejidad a esta polémica decisión de la Justicia israelí.

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