Washington D.C. La defensa de Miguel Ángel Treviño Morales, conocido como “El Z-40”, solicitó a un juez federal de Estados Unidos desechar todos los cargos en su contra sin llegar a juicio, en lo que representa un nuevo intento por frenar el proceso penal por delincuencia organizada y narcotráfico.

En una moción de más de 30 páginas, los abogados Michael McCrum y William B. Purpura argumentaron que la acusación formal presentada en 2024 viola principios constitucionales como el debido proceso, el derecho a un juicio rápido y la equidad legal. Según su planteamiento, el gobierno no puede proceder con cargos basados en hechos que, aseguran, han sido afectados por el paso del tiempo y la pérdida de evidencia.

La defensa sostiene que los delitos imputados retoman hechos que datan de 2013, lo que —afirman— implica un intento de “actualizar” acusaciones antiguas para mantener vigente el caso. Además, cuestionan la falta de pruebas que vinculen a su cliente con actividades delictivas posteriores a su detención en México ese mismo año.

De acuerdo con el documento, Treviño Morales permaneció recluido en prisiones mexicanas desde 2013 hasta su traslado a Estados Unidos, sin evidencia de que continuara operando actividades criminales durante ese periodo. Por ello, sus abogados consideran que los cargos carecen de sustento legal y que incluso algunos podrían estar prescritos.

Otro de los puntos centrales de la defensa es la forma en que el acusado fue trasladado a territorio estadounidense en febrero de 2025, proceso que califican como una “extracción forzada extrajudicial”. Alegan que dicha acción violó el tratado de extradición entre ambos países y los derechos constitucionales del acusado, al ser entregado bajo una acusación que —según afirman— no conocía previamente.

El caso está a cargo del juez Trevor McFadden, quien deberá analizar los argumentos presentados tanto por la defensa como por la fiscalía. Antes de emitir una resolución, se prevé que ambas partes intercambien respuestas escritas sobre los puntos técnicos de la moción.

Además, la defensa ha solicitado que se obligue al gobierno estadounidense a entregar documentación relacionada con el operativo de traslado, petición que aún está pendiente de resolución.

Se tiene programada una audiencia para el 1 de mayo, en la que podrían discutirse los alcances de estas mociones e incluso definirse si el proceso continúa hacia juicio. En caso de que la solicitud sea rechazada, el caso seguirá su curso en tribunales federales.

Hasta ahora, Treviño Morales —al igual que su hermano— ha mantenido una postura de rechazo a las acusaciones, a diferencia de otros implicados que han optado por negociar acuerdos con las autoridades estadounidenses.

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