En medio de un escándalo político, diputados del bloque legislativo Unión por la Patria han presentado una denuncia penal contra la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, por los actos de represión ocurridos durante una protesta reciente a las afueras del Congreso en Buenos Aires. La denuncia, respaldada por el abogado Alejandro Luis Rúa, también se dirige contra el secretario de Seguridad de la Nación, Vicente Barreiro, y el titular de la Prefectura Naval, Guillermo Giménez Pérez, en relación con los incidentes del pasado 12 de junio.

Según el legislador peronista Germán Martínez, estos hechos reflejan un claro plan represivo impulsado por la ministra Bullrich y el presidente Javier Milei. En una conferencia de prensa, Martínez afirmó que los agresores premeditaron y dirigieron el ataque contra los diputados de su bloque, demostrando así el desprecio del presidente Milei por el Congreso de la Nación y la división de poderes. Los agresores hospitalizaron a los legisladores Carlos Castagneto, Leopoldo Moreau, Luis Basterra, Ramiro Fernández Patri, Juan Manuel Pedrini y Eduardo Valdés tras los incidentes.

La denuncia exige una investigación para determinar las posibles responsabilidades penales de los funcionarios públicos involucrados en los delitos de apremios ilegales, vejaciones, tormentos, lesiones graves, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos. La causa ha quedado en manos del fiscal Ramiro González y del juez Ariel Lijo, este último propuesto por el presidente Javier Milei para integrar la Corte Suprema de Justicia.

Movilización en Argentina por derechos humanos

En respuesta a estos acontecimientos, familiares de los detenidos, junto con organizaciones sociales y de derechos humanos, han convocado una marcha hacia la Plaza de Mayo este martes para exigir la liberación inmediata de los aún arrestados. La movilización, bajo el lema ‘Presos políticos nunca más’, no responde a ninguna bandera partidaria, sino que busca hacer un llamado a la justicia y a la protección de los derechos humanos en Argentina.

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