En una operación conjunta entre la Policía Nacional, la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera, fueron liberadas 162 mujeres víctimas de explotación sexual en una red que operaba en múltiples provincias españolas.

Se detuvo a 37 personas, de las cuales 22 fueron arrestadas en Valencia, tres en Alicante, cuatro en Castellón, cuatro en Málaga y otras cuatro en Murcia, de los arrestados, nueve ingresaron en prisión provisional.

Se llevaban a cabo 39 registros en siete provincias, que incluyeron domicilios de los 11 responsables de la organización y locales usados para la explotación, donde se incautaron 141 mil euros y tres vehículos, además del bloqueo de bienes y cuentas bancarias vinculadas a los presuntos implicados.

La organización captaba mujeres de origen sudamericano, “en situación de vulnerabilidad y carentes de permiso de residencia y de trabajo”, a quienes obligaban a ejercer la prostitución en España.

Camuflaje y control

Para aparentar legalidad, la red adquiría o alquilaba inmuebles residenciales o comerciales, camuflándolos como centros de masajes.

Muchos permanecían cerrados al público y mostraban “condiciones de insalubridad”. Las víctimas podían salir solo dos horas al día, en horario de mañana, y debían estar “disponibles permanentemente”.

Dormían en literas o en las mismas camas donde trabajaban, muchas veces en espacios compartidos tras perder la privacidad. Un sistema de videovigilancia instalado en todos los inmuebles permitía el control en tiempo real.

La organización retenía el 50% del dinero de cada servicio, y sancionaba a las mujeres por diversas razones.

Paralelamente, la Agencia Tributaria en Valencia inició una investigación patrimonial que identificó sociedades pantalla usadas para canalizar beneficios ilícitos.

Se analizaron datos bancarios, libretas y ordenadores relacionados con la contabilidad de los locales. Se localizaron y bloquearon bienes muebles e inmuebles, junto a más de 60 cuentas.

El objetivo es garantizar un eventual decomiso. La operación continúa abierta, con el análisis en curso de la información incautada y posibles nuevas imputaciones conforme avance la investigación.

Continuación de la operación

La operación continúa abierta, con el análisis en curso de la información incautada y posibles nuevas imputaciones conforme avance la investigación.

La investigación patrimonial busca desmantelar las estructuras financieras que sustentarían este tipo de delincuencia organizada, asegurando que los responsables no puedan beneficiarse de los bienes adquiridos ilícitamente.

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