La estabilidad de la Miss Universe Organization (MUO) se encuentra comprometida tras una serie de resoluciones judiciales que han descabezado, en la práctica, a su cúpula directiva. Este vacío de autoridad y las sombras sobre el origen de sus recursos han provocado una reacción en cadena que afecta desde las finanzas en el Caribe hasta la operatividad en Norteamérica.

El frente judicial: Propietarios en la mira

El certamen enfrenta un escenario inédito con sus dos máximos responsables prófugos o sentenciados:

Anne Jakrajutatip: La empresaria tailandesa fue condenada este 26 de diciembre a dos años de prisión por fraude. La justicia de su país la halló culpable de engañar a inversionistas de su empresa, JKN Global Group, y ha ordenado el congelamiento de sus activos.

Raúl Rocha Cantú: El empresario mexicano, dueño del otro 50% de la organización, enfrenta una orden de arresto federal en México. Se le investiga por presuntos vínculos con la delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos, perdiendo recientemente su estatus de testigo protegido al no presentarse ante las autoridades.

Puerto Rico: El respaldo financiero en pausa

Ante la gravedad de los cargos, el Gobierno de Puerto Rico —anunciado como sede para el 75.º aniversario en 2026— ha decidido aplicar protocolos de fiscalización extrema.

Fondos congelados: La Compañía de Turismo detuvo el tercer pago programado de 1.5 millones de dólares (de un total de 9 millones pactados).

Plazo límite: La gobernadora Jenniffer González otorgó un plazo hasta enero de 2026 para que la organización presente una nueva estructura ejecutiva transparente. De no haber garantías, la «Isla del Encanto» retirará su candidatura formalmente.

Éxodo operativo y cierre de oficinas

Como síntoma de la inestabilidad, la organización anunció el cierre definitivo de sus oficinas administrativas en la Ciudad de México este diciembre, trasladando toda su operación a Nueva York. Según el comunicado oficial firmado por Rocha Cantú, la decisión responde a una supuesta «incertidumbre jurídica» y «ataques políticos» en territorio mexicano, aunque analistas lo interpretan como una medida para eludir la jurisdicción nacional.

El certamen ya arrastraba una situación financiera delicada tras la declaración de bancarrota de JKN Global Group en noviembre de 2023, lo que obligó a la venta parcial de la marca a capitales mexicanos.

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