El inicio del ciclo escolar en el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) estuvo marcado por un clima de incertidumbre y temor entre familias migrantes, tras el incremento reciente de operativos migratorios en diversas zonas de la ciudad. En respuesta, más de cien escuelas en comunidades con alta población latina y migrante han adoptado medidas de protección, entre ellas la creación de “zonas seguras”.

Estas zonas, vigiladas por personal de seguridad escolar y voluntarios comunitarios, tienen como objetivo advertir sobre la presencia de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en las inmediaciones de los planteles educativos. La estrategia se acompaña de una expansión en las rutas de transporte escolar y una campaña informativa sobre los derechos de los migrantes.

La medida forma parte de una iniciativa más amplia, respaldada por el sindicato de maestros United Teachers Los Angeles (UTLA) y organizaciones comunitarias como Unión del Barrio. Desde finales del ciclo anterior, estas agrupaciones trabajan en conjunto con el distrito escolar para blindar a los estudiantes y sus familias frente a posibles acciones de detención.

Aun así, el miedo persiste. María Hernández, madre de un estudiante de primaria, expresó su preocupación en entrevista con la agencia EFE: “Hoy una amiga llevó a mi hijo a la escuela, pero no tengo quien lo recoja. No sé cuánto podemos seguir así”. La mujer, que evitó hablar sobre su estatus migratorio, contó que su hijo de 7 años no pudo disfrutar las vacaciones de verano por la ansiedad que le generan las redadas.

El superintendente de LAUSD, Alberto Carvalho —quien en su juventud fue inmigrante indocumentado—, reiteró que ninguna autoridad migratoria está autorizada a ingresar a los planteles o acercarse a ellos. Además, solicitó formalmente a las autoridades federales abstenerse de operar en un radio de dos cuadras alrededor de las escuelas, desde una hora antes del inicio de clases hasta una hora después de la salida.

“Los niños con miedo no pueden aprender bien”, enfatizó Carvalho en rueda de prensa, al tiempo que aseguró que el distrito tomará todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad emocional y física de los estudiantes.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, también condenó los recientes operativos y pidió a la administración federal detener lo que calificó como “redadas discriminatorias e imprudentes”. Bass recordó que una orden judicial federal prohíbe, de forma temporal, las detenciones migratorias motivadas por discriminación racial, lingüística o laboral.

A pesar de estas restricciones, se han reportado varios incidentes. Uno de ellos ocurrió el pasado lunes cerca de la preparatoria Arleta, donde agentes sin identificación apuntaron con armas y esposaron a un adolescente de 15 años con discapacidad. El joven fue liberado gracias a la intervención del personal escolar.

Otro caso que ha generado indignación fue el de Benjamín Marcelo Guerrero-Cruz, de 18 años, detenido mientras paseaba a su perro. El joven, de origen chileno, estaba por iniciar su último año de preparatoria.

Carvalho hizo un llamado a la unidad de la comunidad educativa: “Con el regreso de nuestros estudiantes a clases, hacemos un llamado a todos los colaboradores de la comunidad para que ayuden a garantizar que las aulas sigan siendo lugares de aprendizaje y pertenencia”.

El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, que atiende a más de 400 mil estudiantes, reafirma su compromiso de mantenerse como un espacio libre de miedo, donde el aprendizaje y la seguridad de los alumnos estén por encima de cualquier otro interés.

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