En un contexto global marcado por el endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos y la Unión Europea, el Gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez, ha iniciado formalmente los trámites para una regularización extraordinaria que beneficiará a 500.000 personas en situación irregular. La medida busca no solo dignificar la vida de los migrantes, sino responder a una necesidad económica estructural: la sostenibilidad del Estado del Bienestar.

La paradoja demográfica y económica

Mientras Bruselas habilita «centros de retorno» en terceros países, organismos como el Banco de España y las Naciones Unidas advierten que el país necesita incorporar al menos 300.000 trabajadores extranjeros anuales para mantener el sistema de pensiones y servicios públicos. Esta iniciativa pretende aflorar la economía sumergida y erradicar la explotación laboral que sufren miles de personas sin protección legal.

Detalles del Real Decreto y beneficiarios

La regularización se aplicará bajo criterios de residencia y protección internacional:

Elegibilidad: Personas que solicitaron protección internacional hasta el 31 de diciembre de 2025 o que acrediten una estancia mínima de 5 meses en el país antes de finalizar dicho año.

Documentación: Se aceptará una combinación de documentos públicos y privados para probar la estadía, además de la obligatoriedad de presentar un certificado de antecedentes penales limpio.

Permiso de Trabajo: Se otorgará una autorización inicial de un año, válida para trabajar en cualquier sector y territorio nacional desde el primer día de la admisión a trámite.

La magnitud del desafío es considerable. Según el centro de análisis Funcas, a inicios de 2025 residían en España unas 840.000 personas en situación irregular, una cifra que se ha multiplicado por ocho desde 2017.

Origen: El 90% procede de América. Colombia lidera la lista con 290.000 personas, seguida de Perú (110.000) y Honduras (90.000).

Un historial de regularizaciones

Esta no es una medida inédita en la democracia española. Desde los años 80, diversos gobiernos han utilizado este recurso para estabilizar el mercado laboral:

Felipe González (1986-1992): Regularizó a más de 150.000 personas.

José María Aznar (1996-2001): Legalizó la situación de más de 524.000 migrantes.

Rodríguez Zapatero (2005): Atendió la cifra récord de 576.000 solicitudes.

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