España anunció que impedirá a menores de 16 años acceder a redes sociales, sumándose a una tendencia global que busca proteger a adolescentes de contenidos nocivos.

El presidente Pedro Sánchez indicó que la medida busca evitar exposición a pornografía, violencia, manipulación y adicción digital, además de garantizar que las plataformas implementen verificación de edad real.

“No basta con casillas de verificación simbólicas, necesitamos sistemas efectivos que protejan a niñas, niños y adolescentes”, señaló Sánchez durante la Cumbre Mundial de Gobiernos en Dubái.

Precedentes internacionales y coalición europea

Australia fue el primer país en prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años, desactivando millones de cuentas adolescentes semanas después de la medida.

España se unirá a otros países europeos en la llamada “Coalición de los Digitalmente Dispuestos”, que coordina regulaciones transfronterizas frente al poder de las plataformas digitales y protege a los menores.

Países como Francia, Grecia, Reino Unido, Alemania, Italia, Noruega y Portugal también avanzan con restricciones, aumento de edad mínima o requisitos de consentimiento parental, buscando limitar riesgos asociados a internet.

El Parlamento Europeo aprobó una resolución no vinculante que recomienda 16 años como edad mínima, alineándose con la postura española y otros estados que estudian medidas similares.

Responsabilidad legal y vigilancia digital

Pedro Sánchez anunció que los ejecutivos de plataformas serán responsables penalmente si no eliminan contenidos ilegales, mensajes de odio o manipulación algorítmica, y se reforzará la acción de fiscales en la supervisión.

La medida enfrenta obstáculos legislativos, ya que el Gobierno español carece de mayoría parlamentaria, y la oposición alerta sobre posibles censuras digitales que limiten voces críticas en internet.

La tendencia internacional evidencia una creciente preocupación por los riesgos de la inteligencia artificial, la exposición de menores a imágenes sexuales no consentidas y la adicción digital, lo que impulsa políticas similares en distintos países.

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