Una grave escalada en la amenaza de seguridad nacional ha sido confirmada por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS). La agencia ha acusado que organizaciones criminales con sede en México están ofreciendo recompensas económicas por atacar, secuestrar o asesinar a agentes federales estadounidenses en la ciudad de Chicago.

El DHS obtuvo información «creíble» que detalla que criminales mexicanos están coordinando acciones con grupos extremistas nacionales y pandillas callejeras de Chicago, como los Latin Kings, para llevar a cabo actos de violencia contra el personal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

El Sistema de Recompensas y la Red de Vigilancia

El informe del DHS detalla que las organizaciones criminales han implementado un sistema de pagos escalonados que aumenta en función del daño infligido o la información proporcionada sobre los agentes:

1. $2,000 USD: Por reunir información de inteligencia o revelar datos personales de los agentes (incluyendo fotografías y detalles familiares).
2. $5,000 a $10,000 USD: Por secuestro o ataques no letales a oficiales estándar de ICE o CBP.
3. Hasta $50,000 USD: Por el asesinato de altos funcionarios.

Para facilitar estos ataques, los criminales han desplegado redes de vigilancia en barrios como Pilsen y La Villita. Estos «vigilantes» son afiliados a pandillas locales, equipados con armas de fuego y radiocomunicaciones, encargados de rastrear y transmitir las coordenadas de los movimientos de ICE y CBP en tiempo real. Esta vigilancia permite planificar emboscadas e interrupciones durante las acciones rutinarias de control, incluidas las recientes redadas de la Operación Midway Blitz.

La respuesta de seguridad y la tensión política

Ante la amenaza directa, la Secretaria de Seguridad de EE. UU., Kristi Noem, adoptó una postura firme, asegurando que el gobierno no cederá ante la intimidación.

«Nuestros agentes se enfrentan a emboscadas, vigilancia con drones y amenazas de muerte, todo porque se atreven a aplicar las leyes aprobadas por el Congreso. No cederemos ante estas amenazas, y todo delincuente, terrorista e inmigrante ilegal se enfrentará a la justicia estadounidense», afirmó la Secretaria Noem.

Este informe surge en un contexto de alta tensión en Chicago, una ciudad que ha sido epicentro de enfrentamientos entre agentes federales y residentes a raíz de las redadas de deportación masiva. La situación política en la ciudad se complica aún más por la postura de su alcalde.

El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, ha expresado públicamente su rechazo a las redadas. Recientemente, firmó una orden ejecutiva denominada “Zona libre del ICE” que prohíbe a los agentes federales de inmigración utilizar propiedades municipales, como escuelas, bibliotecas, parques o estacionamientos, para llevar a cabo operativos en la ciudad. Esta disputa local sobre la autoridad de inmigración se intensifica ahora con la amenaza directa y organizada del crimen transnacional.