En un giro que añade más complejidad al ya intrincado caso de Rodolfo Oseguera Cervantes, alias «Don Rodo», hermano de Nemesio «El Mencho» Oseguera, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), autoridades federales han confirmado que el gobierno de Estados Unidos no ha solicitado su extradición.

Esta revelación, proveniente de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), ha sido un factor determinante en la reciente decisión de un juez federal.

Según lo informado por El Semanario Zeta, la FGR y la SRE notificaron oficialmente a un juez que no existía ninguna orden de detención con fines de traslado internacional en contra de «Don Rodo».

Esta comunicación llevó al secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, Carlos Medrano García, a negar la suspensión definitiva solicitada por la defensa de Oseguera Cervantes, al considerar que no había «materia sobre la cual aplicarla». Es decir, sin una solicitud de extradición activa, la protección legal contra la misma carecía de fundamento.

Una recaptura controversial y un proceso llenos de irregularidades

El historial judicial de «Don Rodo» está marcado por episodios que ponen de manifiesto la tensión entre diferentes niveles de autoridad y el sistema judicial. Su recaptura, el 28 de febrero de 2025, por elementos de la Guardia Nacional en Atarjeas, municipio de Tonaya, Jalisco, desató una serie de eventos polémicos. El informe policial homologado detalla que la detención se produjo tras detectar a un individuo armado con un fusil Barrett calibre .50. Posteriormente, los agentes ingresaron a un inmueble donde «Don Rodo» y otros dos sujetos fueron capturados en flagrancia, portando armas y drogas.

La FGR precisó que en el domicilio se encontraron a Abraham «O» (en referencia a Oseguera Cervantes) con armamento y una cantidad considerable de drogas, incluyendo cocaína, pastillas de fentanilo y fluoprofentanil. Omar García Harfuch, entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), confirmó la recaptura, aunque sin ofrecer mayores detalles. Junto a «Don Rodo», fueron detenidos Luis Enrique Flores Álvarez, Arnulfo Toscano Quintero y Felipe Isidro Santos, quienes también enfrentan cargos por delitos contra la salud y portación de armas de uso exclusivo del Ejército.

El juez Elizondo Martínez fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria, un periodo crucial para que tanto la FGR como las defensas reúnan pruebas. Sin embargo, el juzgador rechazó incorporar videograbaciones de la recaptura, argumentando que no se había aclarado su origen ni legalidad, un punto que generaría futuras fricciones.

La Liberación en 2024 y las acusaciones de colusión

El caso de Oseguera Cervantes ya había capturado la atención pública en abril de 2024. El 28 de ese mes, el juez de control Rogelio León Díaz Villarreal ordenó su no vinculación a proceso y liberación, al considerar insuficientes los elementos para procesarlo por violaciones a la Ley Federal de Armas y Explosivos y delitos contra la salud. «Don Rodo» abandonó el penal de «El Altiplano» el 30 de abril de 2024.

Tras esta liberación, la FGR anunció de inmediato que apelaría la decisión y, de manera contundente, denunciaría penalmente la supuesta complicidad de la Policía Municipal de Autlán de Navarro con el hermano del líder del CJNG. Un comunicado de la FGR reveló que la Policía Municipal de Autlán había denunciado a los elementos del Ejército y la Guardia Nacional que participaron en el operativo del 21 de abril de 2024, una acción que, según la institución, evidenciaba colusión con el presunto narcotraficante.

Además, la FGR denunció que jueces de control federal en la Ciudad de México negaron en cuatro ocasiones las órdenes de cateo para ingresar al domicilio de Oseguera Cervantes en Autlán de Navarro antes de su captura. La Fiscalía argumentó que, durante la vigilancia del inmueble, la Guardia Nacional observó a tres personas armadas en actitud hostil que se refugiaron en la vivienda, lo que justificaba la solicitud de cateo.

La institución también subrayó que familiares de Oseguera Cervantes intentaron ocultar su identidad, atribuyéndole el nombre de Rodolfo Garibay González, e incluso que había tramitado una licencia con ese nombre, lo que constituye un delito.

La FGR insistió en que agentes de la Policía Municipal de Autlán, conscientes de la actuación federal, presentaron una denuncia contra los elementos, lo que a su juicio, evidenciaba complicidad y encubrimiento. Esta conducta se ratificó cuando los policías municipales comparecieron como testigos de la defensa en la audiencia de vinculación.

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