La red diplomática de México en territorio estadounidense, compuesta por 53 consulados, ha entrado en una fase de incertidumbre. El Departamento de Estado (DOS) inició una revisión exhaustiva que, según reportes de CBS News, podría culminar en el cierre de diversas oficinas diplomáticas por instrucciones directas de su titular, Marco Rubio.

Esta medida forma parte de un esfuerzo de la administración del presidente Donald Trump para garantizar que todas las operaciones extranjeras dentro de sus fronteras sean congruentes con sus prioridades de seguridad y política exterior.

Dylan Johnson, subsecretario de Estado para Asuntos Públicos Globales, confirmó que estas evaluaciones buscan promover estrictamente los intereses de la nación norteamericana.

Tensión diplomática y la estrategia «Estados Unidos Primero»

México posee actualmente la red consular más extensa en Estados Unidos, con una presencia estratégica en estados fronterizos y ciudades con alta densidad de población mexicoamericana, tales como Texas, California y Arizona. La revisión actual ocurre en un contexto de creciente presión sobre el gobierno mexicano respecto al control fronterizo y el tráfico de sustancias ilícitas.

Recientemente, el presidente Trump señaló que su administración ha iniciado una «ofensiva terrestre» para combatir el narcotráfico, advirtiendo que si las autoridades locales no realizan el trabajo, Estados Unidos lo hará por su cuenta.

Esta postura sugiere que la permanencia de las sedes diplomáticas podría estar condicionada a la cooperación en temas de seguridad nacional.

Antecedentes de cierres diplomáticos en Estados Unidos

La posibilidad de clausurar consulados no carece de precedentes. En 2020, bajo argumentos de protección de propiedad intelectual y soberanía, el gobierno estadounidense ordenó el cierre del consulado de China en Houston. En aquel momento, el mensaje fue claro: Estados Unidos no toleraría acciones que considerara intimidatorias o violatorias de sus intereses.

De concretarse el cierre de sedes mexicanas, la atención a millones de connacionales en temas de documentación, protección jurídica y servicios básicos se vería severamente afectada, marcando un nuevo mínimo en las relaciones bilaterales entre ambos países.

Por ahora, el Departamento de Estado mantiene el proceso de evaluación bajo reserva mientras se determinan cuáles oficinas podrían dejar de operar.

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