El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, propuso usar dos bases militares para alojar temporalmente a migrantes detenidos por autoridades federales en operativos recientes. Las instalaciones propuestas son Camp Atterbury, en Indiana, y la Base Conjunta McGuire-Dix-Lakehurst, en Nueva Jersey. Según Hegseth, no afectarán las operaciones ni entrenamientos militares activos.

La medida surge en medio de un aumento significativo en detenciones migratorias, derivadas de políticas más estrictas implementadas por la administración del presidente Donald Trump. Durante la semana, Hegseth informó a legisladores de ambos estados sobre la propuesta. Aseguró que se están evaluando condiciones logísticas y operativas para el posible traslado.

Aún no se ha establecido una fecha concreta para el inicio de este proceso, ni se han confirmado si otras bases también serán utilizadas para este fin.

Aumento de detenidos por políticas migratorias

Las nuevas estrategias migratorias federales han elevado el número de personas detenidas, incluyendo migrantes sin antecedentes penales ni vínculos con organizaciones criminales o actividades ilegales. Estas cifras han sobrepasado la capacidad de los centros de detención tradicionales, obligando al gobierno a explorar nuevas opciones para albergar a los detenidos sin violar derechos.

El uso de bases militares permitiría ubicar rápidamente a miles de personas en instalaciones vigiladas, aunque organizaciones de derechos humanos han expresado preocupación por las condiciones del encierro. Según Hegseth, el uso de estas instalaciones no será permanente. Solo servirán como alojamiento provisional mientras se definen otros procesos migratorios y decisiones judiciales.

El anuncio se produce en un contexto político tenso, en el que la inmigración ha sido tema central del discurso del presidente Trump desde su llegada al poder. En paralelo, el Pentágono informó esta semana sobre la retirada de dos mil efectivos de la Guardia Nacional desplegados en Los Ángeles durante protestas recientes contra redadas migratorias.

Esta reducción representa aproximadamente la mitad del contingente enviado originalmente. El despliegue fue ordenado por Trump ante manifestaciones masivas en rechazo a sus medidas migratorias. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, celebró la decisión, atribuyéndola a protestas pacíficas y presiones legales de organizaciones civiles y autoridades locales contrarias al uso militar.

El gobernador de California, Gavin Newsom, también se opuso firmemente al despliegue, que consideró excesivo y contraproducente para la estabilidad y el respeto a los derechos humanos. Aunque el retiro fue calificado como un avance, aún persisten tensiones entre el gobierno federal y las autoridades estatales respecto a cómo manejar la política migratoria actual.

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