El proceso judicial contra el narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero avanza en la Corte Federal de Brooklyn, en Nueva York, donde el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó que el juicio se lleve a cabo con un jurado anónimo y parcialmente aislado, con el objetivo de evitar posibles actos de intimidación o represalias.

De acuerdo con los documentos presentados ante el juez Frederick Block, la fiscalía también pidió la aplicación de la Ley de Procedimientos para Información Clasificada (CIPA), con la finalidad de proteger evidencia considerada sensible para la seguridad nacional. Esto implicaría que ciertos documentos sean editados o sustituidos por resúmenes oficiales.

La audiencia de revisión está programada para este 17 de junio, en la que se analizarán las mociones relacionadas con la organización del juicio, previsto tentativamente para marzo de 2027.

Medidas de seguridad y protección del jurado

Entre las disposiciones solicitadas, las autoridades estadounidenses plantean que los 12 integrantes del jurado permanezcan en anonimato, sin que se revelen sus domicilios o lugares de trabajo, además de ser trasladados diariamente por alguaciles federales y mantenerse aislados del público.

El Departamento de Justicia argumenta que estas medidas buscan garantizar la integridad del proceso ante la alta exposición mediática del caso en México y Estados Unidos, así como posibles riesgos de presión externa.

Contexto del caso y cargos en su contra

Caro Quintero, fundador del extinto Cártel de Guadalajara, enfrenta cargos por narcotráfico, uso de armas de fuego, secuestro, tortura y el asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena en 1985.

El narcotraficante fue entregado a Estados Unidos en febrero de 2025, dentro de un grupo de 29 personas trasladadas desde México, y desde entonces permanece recluido en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, donde también se encuentra Ismael “El Mayo” Zambada.

Aunque la fiscalía estadounidense descartó solicitar la pena de muerte, el proceso continúa como un caso complejo, en el que incluso se han abierto negociaciones preliminares sobre un posible acuerdo de culpabilidad, sin que hasta ahora exista un resultado definitivo.

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