El gobierno de Estados Unidos está considerando imponer un incremento arancelario de hasta el 100% a las importaciones procedentes de Nicaragua y suspender su participación en el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA), debido a lo que considera prácticas «irrazonables» en materia de derechos humanos y laborales por parte del gobierno nicaragüense.

La evaluación surge de una investigación llevada a cabo por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), que concluyó que las políticas del régimen encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo han deteriorado las libertades fundamentales, el Estado de derecho y las condiciones laborales en el país centroamericano, afectando de forma directa los intereses comerciales estadounidenses.

Según el informe difundido este lunes, Washington considera que estas prácticas no solo violan estándares internacionales de derechos humanos, sino que además «obstaculizan o restringen el comercio de Estados Unidos», razón por la cual se activó el mecanismo de revisión bajo la sección 301 de la Ley Comercial de 1974.

EU analiza aranceles y salida del CAFTA

Entre las opciones que se manejan se encuentra la imposición inmediata o gradual de aranceles adicionales de hasta el 100% sobre determinados productos nicaragüenses, durante un período máximo de un año. También se contempla la suspensión o anulación de los beneficios que Nicaragua obtiene actualmente bajo el acuerdo comercial DR-CAFTA, en vigor desde 2006.

La USTR abrirá un periodo de consulta pública hasta el 19 de noviembre, fecha límite para que ciudadanos, empresas y organizaciones interesadas presenten comentarios sobre las medidas propuestas. La decisión final se tomará tras esa revisión.

La posibilidad de que Nicaragua sea expulsada del acuerdo comercial fue mencionada públicamente en febrero por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien alertó que la permanencia del país en el tratado estaba en revisión debido a los constantes señalamientos sobre represión política y abuso institucional.

Acusaciones contra el gobierno de Nicaragua

La investigación iniciada en diciembre de 2024 recogió más de 160 testimonios y declaraciones en audiencias públicas. Tras el análisis, la USTR concluyó que el gobierno nicaragüense ha incurrido en violaciones sistemáticas de derechos laborales reconocidos internacionalmente, junto con otros abusos documentados contra activistas, opositores y bienes vinculados a ciudadanos estadounidenses.

El informe sostiene que el gobierno de Ortega «se dedica activamente a desmantelar el Estado de derecho» y denuncia un entorno adverso para las empresas estadounidenses operando en el país.

Daniel Ortega gobierna Nicaragua desde 2007. Desde 2017 comparte el poder con su esposa, Rosario Murillo, nombrada “copresidenta” tras una reforma constitucional promovida por el oficialismo.

Desde su adhesión al DR-CAFTA, Nicaragua ha visto incrementadas significativamente sus exportaciones hacia Estados Unidos, especialmente en sectores como la industria textil, el tabaco y los productos agrícolas. Sin embargo, el posible retiro del país del acuerdo podría tener implicaciones profundas para su economía.

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