El Departamento de Comercio de Estados Unidos publicó los procedimientos y requisitos para que proveedores de México y Canadá accedan a una reducción arancelaria del 50% al 25% en acero y aluminio destinados a la fabricación de vehículos medianos y pesados en territorio estadounidense.

Aunque una proclamación emitida el 17 de octubre ya contemplaba este ajuste, su aplicación se había mantenido pendiente por la falta de lineamientos operativos. La reciente publicación en el Federal Register formaliza ahora el acceso a este beneficio.

La Secretaría de Economía indicó que la ausencia de reglas claras había impedido aprovechar la reducción, pese a que el tema fue abordado de manera reiterada en reuniones bilaterales con autoridades estadounidenses. Según la dependencia, el nuevo esquema permitirá disminuir el arancel vigente de 50% hasta un máximo de 25%, dependiendo del cumplimiento de ciertos compromisos productivos en Estados Unidos.

Para acceder al beneficio, los exportadores deberán cumplir con criterios específicos, entre ellos las reglas de origen del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, así como garantizar que los procesos de fundición y colado se realicen dentro de la región. También deberán demostrar su vínculo como proveedores —directos o indirectos— de la industria automotriz pesada estadounidense.

Adicionalmente, se solicita a las empresas detallar proyectos orientados a la producción de acero y aluminio en Estados Unidos, lo que sugiere un énfasis en fortalecer la manufactura local como condición para acceder a menores tarifas.

La medida podría impactar positivamente a grandes armadoras como General Motors, Ford y Stellantis, que dependen de cadenas de suministro regionales para la producción de vehículos de carga y transporte.

Cabe recordar que el arancel original de 50% fue impuesto bajo la Sección 232, mecanismo que permite restringir importaciones por motivos de seguridad nacional, al considerar que estos insumos estratégicos podrían afectar la capacidad industrial de Estados Unidos.

La entrada en vigor de estos lineamientos abre una nueva etapa en la relación comercial de América del Norte, al vincular los beneficios arancelarios con compromisos de integración productiva en la región.

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