El Gobierno de Estados Unidos anunció el inicio de una amplia campaña contra la Corte Penal Internacional (CPI), a la que acusó de «librar una guerra» contra Washington y de representar «una amenaza intolerable» para la soberanía del país, al tiempo que advirtió sobre la imposición de nuevas sanciones contra funcionarios del tribunal.

La Corte Penal Internacional, creada en 2002, tiene como función juzgar a personas acusadas de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio. Sin embargo, Estados Unidos no forma parte del Estatuto de Roma, tratado que dio origen a la institución, al igual que Israel y Rusia.

Marco Rubio acusa a la CPI de amenazar a EU

A través de un mensaje difundido en la red social X, el secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que el tribunal internacional intenta actuar contra los intereses estadounidenses.

«La CPI y sus aliados están librando una guerra contra nuestro país, no con balas ni misiles, sino con estatutos, pactos y la fuerza de lo que llaman el derecho internacional», afirmó.

Rubio agregó que «el peligro que representa este tribunal internacional no ha dejado de crecer. Hoy amenaza todos los aspectos de nuestro sistema político y jurídico». Asimismo, advirtió que, de no actuar, «todos estaremos a merced de jueces extranjeros», quienes podrían procesar o encarcelar a ciudadanos estadounidenses por acciones relacionadas con la defensa de su país.

Washington evalúa nuevas sanciones contra el tribunal

El Departamento de Estado informó que la campaña busca «deshabilitar de manera sistemática la capacidad de la CPI para operar», especialmente en investigaciones dirigidas contra militares o funcionarios estadounidenses.

Entre las medidas que analiza Washington se encuentran gestiones diplomáticas para que otros países abandonen la Corte Penal Internacional, además de prohibiciones de viaje y sanciones económicas contra funcionarios del organismo con sede en La Haya.

Las tensiones entre el gobierno de Donald Trump y la CPI se han intensificado en los últimos años. Actualmente, varios magistrados, incluido el fiscal del tribunal, ya enfrentan sanciones que les impiden ingresar a Estados Unidos y bloquean operaciones financieras bajo jurisdicción estadounidense.

Estas medidas responden, en gran parte, a las investigaciones de la CPI contra Israel, así como a las órdenes de detención emitidas en 2024 contra el primer ministro Benjamin Netanyahu y en 2023 contra el presidente ruso Vladimir Putin.

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