Dos individuos fueron acusados formalmente en Estados Unidos por su presunta participación en una red de lavado de dinero que, según investigaciones del FBI, estaría relacionada con los hijos del presidente venezolano Nicolás Maduro.

Los señalados, Arick Komarczyk y Irazmar Carbajal, habrían facilitado la apertura de cuentas bancarias en territorio estadounidense para familiares directos del mandatario venezolano y sus allegados, recibiendo transferencias de origen venezolano a través de particulares y empresas, según reportes obtenidos por la cadena FOX News, con base en documentación del Buró Federal de Investigaciones (FBI).

De acuerdo con las autoridades, el caso se remonta a 2019, cuando comenzó la vigilancia sobre los movimientos financieros de ambos acusados. En 2022, una operación encubierta permitió evidenciar un acuerdo para transferir 100 mil dólares en fondos que habrían sido propiedad de personas sancionadas vinculadas al gobierno venezolano.

Las investigaciones del FBI indican que al menos 25 mil dólares lograron ser ingresados al sistema bancario de Estados Unidos como parte de esta red, que podría abarcar conexiones en varios países.

El 25 de septiembre pasado, Komarczyk fue acusado formalmente por lavado de dinero y conspiración para realizar transferencias sin licencia en una corte federal de Miami, aunque no ha sido arrestado. Las autoridades creen que actualmente reside en Venezuela.

Por su parte, Irazmar Carbajal, de nacionalidad uruguaya, fue detenido en una escala aérea mientras era deportado desde República Dominicana, y enfrenta cargos por conspiración para realizar transferencias sin autorización legal.

El director del FBI, Kash Patel, declaró al medio estadounidense que estas redes de lavado de dinero funcionan como “mecanismos criminales de supervivencia” para el régimen de Maduro, y enfatizó que el organismo continuará investigando esquemas similares relacionados con gobiernos sancionados.

Este caso ocurre en un contexto en el que Estados Unidos mantiene sanciones económicas y financieras sobre altos funcionarios del gobierno venezolano, incluyendo a familiares del presidente, bajo acusaciones de corrupción, narcotráfico y violaciones a los derechos humanos. El Departamento del Tesoro ha reiterado que el acceso a recursos mediante canales ilícitos representa una amenaza a la seguridad financiera internacional.

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